En medio de un escenario marcado por la transición hacia fuentes de energía más sostenibles, el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno de Gustavo Petro ha desplegado 44 artículos que atañen al sector minero energético. Entre estos, cobran especial relevancia aquellos que se relacionan con la explotación de 30 minerales estratégicos destinados para la mencionada transición.
Sin embargo, la emisión de la Ley 2294 por parte del Congreso ha provocado un ambiente de inquietud y expectativa en el sector minero. Más allá de lo estipulado en esta ley, el horizonte se despeja hacia la reforma de la legislación minera y ajustes en las demarcaciones ambientales.
En este contexto, el avance en instituciones como el Ministerio de Minas y Energía ha sido notoriamente pausado, siendo influenciado por factores como el cambio de viceministros y de la misma líder de la cartera, Irene Vélez.
Nueva ley minera y el rol de ecominerales
La Agencia Nacional de Minería (ANM) había anunciado con certeza que este semestre vería la luz una nueva Ley Minera. Entre las novedades que se espera incluir se encuentra la creación de Ecominerales, una empresa encargada de aspectos vinculados a la comercialización de oro. Aunado a ello, dos empresas actualmente bajo la tutela de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) serán los pilares iniciales de esta iniciativa.
No obstante, a pesar de los anuncios y expectativas, el diálogo con la industria minera no ha tomado forma de manera clara. Aunque ha habido algunas interacciones, la propuesta completa aún no ha sido presentada.
Ante esto, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, enfatizó que las percepciones actuales solo sugieren un incremento en las restricciones para la actividad minera
Debate por la delimitación ambiental y sus implicaciones
Un proyecto del Ministerio de Ambiente ha abierto un debate acalorado. La propuesta busca «declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero ambiental y se dictan otras disposiciones».
Por este motivo, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) expresó su preocupación, alertando sobre posibles usos arbitrarios y subjetivos que podrían dar lugar a la suspensión indiscriminada de actividades económicas.
A la par de estas discusiones, surge también la controversia en torno al decreto de emergencia que podría frenar la expansión de la mina de Cerrejón en La Guajira. Esta medida ha encendido las alarmas, generando un nuevo punto de tensión en el ya complejo panorama del sector minero colombiano.
Es así que, en un escenario donde las reglamentaciones y límites están en constante transformación, los mineros permanecen en vilo, esperando con ansias claridad y certidumbre en medio de un horizonte lleno de incertidumbre y cambios inminentes.