Las autoridades fueron alertadas sobre la circulación de un audio intimidatorio en zonas rurales de Policarpa, en el que presuntamente un integrante de un grupo armado ilegal exige a líderes comunitarios y habitantes participar en la jornada electoral y presentar el certificado de votación para movilizarse dentro del territorio.
Según las denuncias conocidas, el mensaje habría sido enviado a presidentes de juntas de acción comunal y campesinos del norte de Nariño. En la grabación, la persona que habla solicita que la información sea difundida entre los habitantes de las veredas y advierte que el certificado electoral sería requerido como mecanismo de control de movilidad.
Fuentes consultadas por distintos medios atribuyen la voz a alias “Indio Jiménez”, señalado como cabecilla de la subestructura Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las extintas FARC que operan en esa región del país.
La situación ha generado preocupación debido a que este tipo de mensajes podrían constituir una forma de presión sobre la población civil en medio de la jornada democrática, afectando la libertad de participación política y el ejercicio autónomo del voto.
Las denuncias también hacen referencia a prácticas de control territorial como la denominada “carnetización”, mecanismo que grupos armados ilegales han utilizado en algunas zonas rurales para identificar y vigilar a los habitantes bajo su influencia.
El caso se conoce en medio de las advertencias realizadas por la Misión de Observación Electoral (MOE), que reportó múltiples afectaciones al desarrollo de actividades políticas durante el actual proceso electoral en diferentes regiones del país.
De acuerdo con la organización, entre los hechos documentados se encuentran daños a publicidad electoral, afectaciones a sedes de campaña, hostigamientos a militantes, restricciones impuestas por grupos armados y otras acciones que podrían limitar las garantías democráticas en algunos territorios.
Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, reiteró el llamado a fortalecer las medidas de seguridad para proteger a candidatos, líderes sociales y ciudadanos durante la jornada electoral.
Las autoridades competentes deberán establecer la autenticidad del audio, identificar a sus responsables y determinar si existen conductas que puedan configurar delitos como constreñimiento al sufragante, amenazas o intimidación a la población civil. Mientras tanto, organismos electorales y de control mantienen el monitoreo sobre las condiciones de seguridad en distintas zonas del país para garantizar el libre ejercicio del derecho al voto.
