Denuncian millonario detrimento

El representante a la Cámara por el Meta, Jaime Rodríguez Contreras, presentó una nueva
denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades fiscales,
financieras y contractuales que habrían generado una afectación superior a $8.224
millones al sistema de salud departamental.
La acción judicial fue interpuesta contra el exgobernador del Meta, Juan Guillermo
Zuluaga Cardona, y contra el exgerente de la Unidad de Licores del Meta y actual contralor
departamental electo para el periodo 2026–2029, Diego Meyer Artunduaga, además de
las personas que resulten responsables dentro del proceso.
Recursos
Según el análisis financiero que respalda la denuncia, durante las vigencias 2021, 2022 y
2023 la Unidad de Licores del Meta habría dejado de liquidar y transferir correctamente el
impuesto al consumo, ocasionando que $8.224.882.295 no ingresaran al sistema de salud
del departamento. Estos recursos, por ley, corresponden a rentas cedidas con destinación
específica para financiar hospitales, medicamentos y servicios médicos.
“Estamos hablando de recursos que pertenecen a la salud de los metenses. Cada peso que
no se transfirió es un peso menos para hospitales y atención médica. Esto debe
investigarse a fondo”, afirmó el congresista.
La denuncia advierte que, de haberse registrado correctamente estos valores, algunas
utilidades reportadas en los estados financieros de la entidad podrían convertirse en
pérdidas, lo que abriría la puerta a eventuales responsabilidades por presunta falsedad
ideológica en documento público.
Inconsistencias
El documento radicado ante la Fiscalía también señala inconsistencias entre los valores
reportados como transferidos por la Unidad de Licores y los montos efectivamente
recibidos por la Gobernación del Meta. Para el denunciante, esta diferencia genera serios
interrogantes sobre el destino real de los recursos.
Además, se cuestiona que la entidad habría asumido como gasto operativo impuestos que
debían ser cobrados a beneficiarios de patrocinios, donaciones y canjes publicitarios, lo
que habría generado un detrimento patrimonial y una distorsión en los balances
financieros.