Las autoridades gubernamentales elevaron su voz de protesta ante varios hechos ocurridos el pasado 20 de agosto. Es así como la Administración Municipal de Puerto Asís rechazó la presunta violación de los derechos humanos en zona rural de este municipio ubicado en el Bajo Putumayo.
El coordinador de Casa de Justicia, Camilo Grijalva, rechazó las acciones que habrían realizado integrantes del Ejército adscritos a la Brigada contra el narcotráfico en la vereda El Naranjal, en el corredor Puerto Vega-Teteyé.
“La Brigada en el marco de la política contra el narcotráfico ha desarrollado algunas acciones en el municipio, violando los derechos de la población campesina que en este momento subsiste con el cultivo de la hoja de coca. Es política de la Alcaldía velar por el bienestar de toda la sociedad asisense y garantizar sus derechos fundamentales”, agregó el funcionario.
Al parecer y según denuncia de los habitantes de la zona, en hechos ocurridos el día 20 de agosto del año en curso, unidades militares en acciones de registro y control en este territorio putumayense, presuntamente contaminaron una fuente hídrica y dañaron elementos de una vivienda del sector.
Cabe anotar que en las últimas semanas soldados orgánicos del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional llegaron hasta los municipios de Puerto Asís, Orito y San Miguel, en el departamento de Putumayo y al municipio de Sardinata, en Norte de Santander, para destruir seis laboratorios de pasta base de coca y dos más para el procesamiento de clorhidrato de cocaína.
Según información suministrada por inteligencia militar, estos complejos harían parte del frente Juan Fernando Porras Martínez del grupo armado organizado Eln y del grupo armado organizado residual Gao-r estructura 48.
Las autoridades municipales hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a los entes de control, como también al comandante de la unidad militar, para que se adelanten cuanto antes las investigaciones que permitan aclarar estos lamentables hechos que son una rotunda violación a los derechos humanos y que afecta la comunión que debe existir entre el Ejército y la comunidad.