Una nueva polémica rodea el proceso de reforma agraria en Puerto Boyacá luego de la denuncia realizada por cerca de 250 familias campesinas y víctimas del conflicto armado.
Los afectados aseguran haber sido desalojados de manera inesperada de un predio que les había sido asignado provisionalmente por la Agencia Nacional de Tierras.
Según explicó Jairo Vega, representante de la Asociación de Víctimas Cados, el proceso con la entidad comenzó desde el año 2021.
Tras varios trámites, en junio de 2025 recibieron provisionalmente el predio conocido como Los Alpes. La finca cuenta con aproximadamente 385 hectáreas y fue entregada como parte del proceso de reforma agraria.
Allí llegaron cientos de familias con la expectativa de construir un nuevo proyecto de vida. Los campesinos aseguran que comenzaron a trabajar de inmediato en la adecuación de los terrenos. Sembraron productos como plátano, yuca, maíz, caña, piña, arroz y patilla.
Parte de esa producción logró comercializarse mientras seguían ampliando las zonas cultivadas. Sin embargo, comenzaron a enfrentar problemas por el ingreso constante de ganado de predios vecinos.
Los animales, según denunciaron, destruían cultivos y generaban pérdidas económicas. Pese a eso, las familias continuaron trabajando durante diez meses con recursos propios.
Aseguran que no recibieron maquinaria ni apoyo económico para fortalecer el proyecto agrícola. La situación cambió tras la visita del presidente Gustavo Petro a Puerto Boyacá.
Los campesinos afirman que fueron invitados al evento para respaldar públicamente la reforma agraria. Esperaban recibir títulos definitivos sobre las tierras asignadas.
Sin embargo, aseguran que al día siguiente llegaron funcionarios encabezados por Juan Felipe Harman. Según la denuncia, el operativo estuvo acompañado por miembros del GOES. Los afectados aseguran que fueron retirados del predio sin notificación formal.
También denuncian que sus cultivos quedaron abandonados dentro de la finca.Lo más grave, según afirman, es que posteriormente las tierras habrían sido entregadas a otras asociaciones campesinas.
Los líderes aseguran sentirse utilizados políticamente durante la visita presidencial. Algunos campesinos afirman haber invertido todos sus ahorros en el proyecto. Incluso aseguran haber comprometido el patrimonio de sus familias.
También rechazan las acusaciones sobre una presunta intención de vender los predios. Las familias exigen respuestas claras por parte del Gobierno Nacional. Advirtieron que podrían adelantar movilizaciones y bloqueos si no reciben soluciones.
