La presentación de una acción pública de pérdida de investidura contra el diputado Wilmar
Barbosa Rozo puso nuevamente bajo el escrutinio ciudadano el funcionamiento
administrativo de la Asamblea Departamental del Meta. Más allá del caso individual, la
demanda ha reavivado cuestionamientos sobre la forma en que se estaría vinculando al
personal de las Unidades de Apoyo Normativo (UAN), un esquema que, según denuncian
veedurías ciudadanas, podría haberse convertido en una práctica reiterada al interior de la
corporación.
Polémica
El eje de la controversia gira alrededor de la aplicación de la Ley 2200 de 2022 y de los
lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. De
acuerdo con esa interpretación, quienes integran las Unidades de Apoyo Normativo deben
ser vinculados mediante nombramiento ordinario, al tratarse de personal que desarrolla
funciones permanentes de apoyo a la labor de los diputados.
No obstante, la denuncia sostiene que, en lugar de realizar dichos nombramientos, la
Asamblea del Meta habría recurrido de manera reiterada a contratos de prestación de
servicios para desempeñar esas mismas funciones. Los demandantes consideran que esta
modalidad desnaturaliza el propósito de la contratación estatal, pues sustituiría una relación
de carácter público por contratos temporales que, en la práctica, cumplirían funciones
permanentes.
Otro de los puntos centrales de la demanda hace referencia a la supervisión de esos
contratos. Según los denunciantes, algunos diputados habrían sido designados o actuarían
como supervisores de contratistas vinculados a sus respectivas Unidades de Apoyo
Normativo. Sin embargo, sostienen que los miembros de la Asamblea no tendrían
competencia administrativa para ejercer esa función, la cual correspondería exclusivamente
a la Mesa Directiva de la corporación o a la autoridad administrativa competente.
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Las veedurías ciudadanas aseguran que esta situación no se limitaría a un solo despacho,
sino que podría extenderse a varios integrantes de la Asamblea Departamental del Meta.
Por esa razón, anunciaron que adelantan una revisión detallada de los contratos suscritos
para las Unidades de Apoyo Normativo, con el propósito de establecer si existe un patrón
común en la forma de vinculación del personal y en la asignación de labores de supervisión.
De acuerdo con los voceros de estas organizaciones, el objetivo es determinar si hubo
posibles irregularidades administrativas o eventuales responsabilidades disciplinarias,
fiscales o de otra naturaleza, siempre dentro del marco de las actuaciones que adelanten
las autoridades competentes.
