La senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia por una presunta interferencia indebida en operativos de la Fuerza Pública en diferentes regiones del departamento de Antioquia.
La denuncia señala que la congresista habría realizado llamadas y gestiones directas ante mandos del Ejército y la Policía para solicitar la suspensión, modificación o explicación de operaciones militares y policiales dirigidas contra estructuras criminales, entre ellas grupos armados ilegales, organizaciones dedicadas a la minería ilegal y bandas del crimen organizado.
De acuerdo con los hechos denunciados, algunos de estos episodios habrían ocurrido en municipios como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y el Valle de Aburrá. Uno de los casos más relevantes se habría presentado en julio de 2023, cuando presuntamente se pidió detener una operación militar bajo el argumento de proteger a civiles, pese a que, según versiones de los uniformados, se trataba de hombres armados.
Los denunciantes consideran que estas actuaciones podrían configurar delitos como abuso de función pública, tráfico de influencias, prevaricato y obstrucción a la justicia, al tratarse de una congresista sin competencia legal para intervenir en decisiones operativas de la Fuerza Pública.
La denuncia también menciona otros episodios polémicos relacionados con la política de seguridad y el manejo de procesos de diálogo con estructuras criminales, incluyendo la participación de la senadora en eventos públicos con personas privadas de la libertad, situación que ha generado fuertes cuestionamientos políticos y jurídicos.
Por ahora, la Corte Suprema de Justicia estudia la denuncia en etapa preliminar. No existe imputación formal ni decisión de fondo, pero el caso podría derivar en una investigación penal si se encuentran méritos suficientes.
Frente a los señalamientos, Isabel Cristina Zuleta ha negado haber interferido ilegalmente en operativos militares y ha asegurado que sus actuaciones se enmarcan en el ejercicio del control político y en la defensa de los derechos humanos, rechazando cualquier vínculo con organizaciones criminales.
El proceso se suma a otras controversias que rodean a la senadora y podría tener implicaciones tanto jurídicas como políticas en el actual escenari