La sede de la Alcaldía de Ventaquemada quedó en el centro de una controversia judicial luego de que el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja admitiera una acción popular que busca que el municipio adelante obras de mantenimiento en el edificio donde funciona la administración municipal.
La demanda fue presentada por el ciudadano Cristian Fernando Cuervo Aponte, quien argumenta que la infraestructura requiere intervenciones para garantizar su adecuada conservación y evitar posibles afectaciones a los derechos e intereses colectivos relacionados con la protección de los bienes de uso público y del patrimonio estatal. El expediente fue radicado bajo el número 15001333300820260014600.
De acuerdo con la información contenida en la acción popular, el demandante acudió inicialmente a la vía administrativa antes de presentar la demanda. Según expuso ante el despacho judicial, el 11 de junio de 2026 radicó una petición ante la Alcaldía de Ventaquemada con el propósito de conocer las acciones previstas para el mantenimiento del inmueble. Sin embargo, manifestó que no obtuvo respuesta dentro de los términos legales establecidos, situación que lo llevó a acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa en busca de una solución.
Tras estudiar los requisitos formales de la solicitud, el juzgado decidió admitir la acción popular y ordenó la vinculación del representante legal del municipio, así como del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, entidades que deberán participar dentro del trámite judicial.
Además, el despacho judicial notificó oficialmente a la administración municipal para que, en un plazo de diez días, presente su contestación, aporte las pruebas que considere pertinentes y exponga los argumentos con los que ejercerá su derecho de defensa frente a las pretensiones planteadas por el ciudadano.
La decisión judicial no implica que exista una responsabilidad demostrada por parte del municipio, sino que abre el debate jurídico para determinar si efectivamente las condiciones del inmueble requieren intervenciones que deban ser ordenadas por la justicia. Ahora la atención se concentra en la administración del alcalde Oscar Camilo Montañez Bohórquez, que deberá informar cuáles han sido las actuaciones adelantadas para la conservación de la sede administrativa y si existen planes o recursos destinados a su mantenimiento. Mientras avanza el proceso, será el juez del caso quien evalúe las pruebas presentadas por las partes y determine si hay méritos suficientes para ordenar las obras solicitadas en beneficio de la comunidad y de la protección del patrimonio público del municipio.
