La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, estaría promoviendo una estrategia política y jurídica para consolidarse en el poder a través de un proyecto de ley que plantea cambios profundos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La iniciativa incluiría la ampliación del número de magistrados, así como la reestructuración de sus salas, lo que permitiría nombrar nuevas figuras cercanas al oficialismo y reforzar el control institucional.
Según diversas fuentes políticas y analistas, el objetivo de esta reforma sería garantizar respaldo legal a las decisiones del Ejecutivo en un contexto de incertidumbre política. El TSJ, como máximo órgano judicial del país, juega un papel determinante en la validación de medidas gubernamentales, por lo que su reconfiguración podría influir directamente en la estabilidad del Gobierno interino.
La Asamblea Nacional, encabezada por Jorge Rodríguez, tendría un rol clave en este proceso, ya que sería la encargada de aprobar la reforma y designar a los nuevos magistrados. Esto ha generado preocupación entre sectores de oposición y organizaciones independientes, que advierten sobre una posible concentración de poder y debilitamiento de la independencia judicial.
Además, expertos señalan que esta estrategia podría estar acompañada de otros movimientos institucionales, como la sustitución de jueces vinculados a administraciones anteriores y la revisión de decisiones judiciales pasadas. Todo esto apuntaría a consolidar una base legal sólida que permita al Gobierno mantenerse mientras se redefine el panorama político del país.
El debate sobre esta reforma también ha trascendido a la comunidad internacional, donde distintos actores observan con cautela los cambios en las instituciones venezolanas. Mientras algunos consideran que se trata de un proceso interno, otros alertan sobre el impacto que podría tener en la democracia y en la posibilidad de futuras elecciones transparentes.
