La Defensoría del Pueblo encabezó una jornada de trabajo conjunto en el municipio de Taminango, Nariño, con el objetivo de fortalecer las capacidades comunitarias e institucionales frente a dos situaciones que requieren toda la atención: el riesgo de minas antipersonales y la atención integral a la población migrante venezolana.
La actividad, llevada a cabo durante dos días, contó con la participación de 46 personas, entre funcionarias y funcionarios locales, lideresas y líderes comunitarios, integrantes de organizaciones sociales, víctimas del conflicto armado y población en condición de migración.
El primer día fue realizado el taller sobre prevención en el riesgo de minas antipersonales, en coordinación con la Pastoral Social, la Corporación Paz y Democracia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Colombia (Unicef). La Defensoría del Pueblo enfatizó sobre la gravedad de ese tipo de artefactos, que continúan representando una amenaza, especialmente en regiones con antecedentes de conflicto armado, como lo es el departamento de Nariño.
Estas minas no solo causan lesiones físicas irreversibles y muertes, también derivan en desplazamientos y confinamientos forzados, impiden el acceso a servicios básicos y restringen el uso de tierras para actividades productivas. La entidad nacional de los derechos humanos explicó que perpetúan el miedo en las comunidades rurales, afectando de manera desproporcionada a niñas, niños y campesinas y campesinos que transitan por caminos veredales.
El taller permitió sensibilizar a los asistentes sobre las señales de alerta, los protocolos de actuación ante la sospecha de presencia de minas y la importancia de reportar cualquier hallazgo a las autoridades competentes. Asimismo, fue promovida la articulación entre instituciones locales, a fin de establecer rutas de prevención y respuesta más eficaces.
En el segundo día de trabajo, la Defensoría lideró la activación de la Mesa de Movilidad Humana, un espacio de coordinación interinstitucional orientado a garantizar los derechos de las personas migrantes provenientes de Venezuela. Esta mesa busca alinear las acciones del Gobierno nacional, entidades territoriales y organizaciones no gubernamentales, con el propósito primordial de ofrecer una atención integral y digna a esa población.
La entidad subrayó que la atención a la población migrante debe entenderse como una obligación del Estado con la protección de sus derechos fundamentales, independientemente de la condición o nacionalidad. Las mujeres y los hombres migrantes enfrentan múltiples barreras de acceso a servicios de salud, educación, empleo y regularización migratoria, lo que los expone a situaciones de vulnerabilidad y, en algunos casos, de explotación.
En el contexto de Taminango, la presencia de población migrante ha aumentado en los últimos años, lo que exige respuestas coordinadas y sostenibles. La Defensoría insistió en que la inclusión de estas personas en las políticas públicas locales es fundamental para prevenir conflictos sociales y fortalecer la unión comunitaria.
La Defensoría del Pueblo, con estas acciones, continuará promoviendo la protección de los derechos humanos y espacios de formación, articulación y vigilancia en territorios históricamente afectados por la violencia y la exclusión, con la finalidad de hacerles frente a los desafíos humanitarios que persisten en el país.