Es clave que las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres implementen medidas que protejan de forma efectiva a la población en riesgo.
Todas las acciones deben realizarse bajo los principios de la dignidad humana y de la protección de la vida, honra y bienes, teniendo en cuenta los lineamientos nacionales e internacionales.
Frente a la situación humanitaria derivada de la actividad que presenta la cadena volcánica Los Coconucos y la declaratoria de alerta naranja por la emisión de gases y ceniza del volcán Puracé, en el departamento del Cauca, la Defensoría del Pueblo les hace un llamado perentorio a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a implementar acciones que garanticen los derechos de las personas y comunidades que se están viendo afectadas.
La entidad estableció que la evacuación de la ZONA A1 (amenaza alta), recomendada de forma preventiva por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), no cuenta con las previsiones mínimas que garanticen los derechos de la población en riesgo. Ello, por cuanto la orden de evacuación carece de información clara y suficiente sobre el proceso que llevará a cabo cada una de las autoridades competentes.
También identificó que no existe un censo previo y actualizado de las familias en riesgo, lo que impide una caracterización adecuada de las personas afectadas. La comunidad no dispone de información oportuna y comprensible sobre los medios, tiempos y condiciones del proceso de evacuación, ni sobre las garantías para su eventual retorno. Preocupa la incertidumbre asociada con la manutención de la población evacuada, la salvaguarda de sus bienes y la situación en que quedan cultivos y animales domésticos y de producción.
Además, los alojamientos temporales designados no cumplen criterios básicos de habitabilidad, ni se evidencia disponibilidad suficiente de servicios de salud, ni rutas de evacuación seguras y efectivas. Asimismo, la Defensoría alerta sobre el riesgo de contaminación de fuentes y reservorios de agua por la caída de ceniza volcánica.
Es urgente que las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres implementen las medidas necesarias que garanticen los derechos fundamentales y colectivos de la población, se dé aplicación de los enfoques diferenciales etario y de género, y también contribuyan a que sean respetados los derechos étnicos de las comunidades.
Asimismo, la Defensoría solicita avanzar con la preparación ante la probabilidad de que se presenten nuevos eventos volcánicos, así como con la atención de emergencias en la zona. La entidad recuerda que todas las acciones de la gestión del riesgo de desastres deben llevarse a cabo bajo los principios de la dignidad humana y de la protección de la vida, honra y bienes de las personas que serán evacuadas conforme a los lineamientos nacionales e internacionales en la materia.
La comunidad requiere acciones inmediatas de prevención efectiva en salud humana, salud animal y mantenimiento de cultivos, como papa, fresa, cebolla, entre otros, para que, en caso de que la emisión de gases y cenizas los dañe, se prevean alivios para las familias en los créditos bancarios existentes.
El proceso de evacuación, como énfasis hecho por la Defensoría, y los puntos de atención establecidos como albergues deben cumplir condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y salubridad, y deben considerar las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres y personas LGTBIQ+ en sus diversidades y atendiendo a sus características específicas. Debe ser asegurado, adicionalmente, el acceso a alimentos y agua sin discriminación de ninguna índole y establecidos espacios que garanticen la privacidad de las personas.
De igual manera, la entidad recomienda implementar rutas de protección integral para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores en la atención de la emergencia. De igual forma, se deben establecer estrategias para la participación efectiva de las comunidades y sus autoridades propias en la toma de decisiones.
Por último, deben ser garantizados los derechos colectivos sobre el territorio, previniendo posibles escenarios de desplazamiento forzado o despojo territorial de comunidades campesinas y de pueblos étnicos, especialmente de los resguardos Puracé, Kokonuko y Paletará.