En un contexto de desafíos en derechos humanos, convivencia democrática y violencia en los territorios, la Defensoría del Pueblo puso en conocimiento de las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia un conjunto de recomendaciones prioritarias para el próximo gobierno.
El documento recoge recomendaciones construidas desde el trabajo en los territorios y plantea acciones prioritarias en salud, educación, paz, protección de liderazgos sociales, ambiente y acceso a las tierras.
Organizadas en cuatro ejes —igualdad, paz, ambiente sano y asuntos agrarios—, estas orientaciones buscan servir como base para los programas de gobierno y como herramienta para que la ciudadanía evalúe los compromisos de las candidaturas
Bogotá, 6 de abril de 2026 (@DefensoriaCol). En medio de desafíos estructurales en derechos humanos, convivencia democrática, superación de la violencia armada y confianza ciudadana en las instituciones, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, entregó a las candidatas y candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República un conjunto de recomendaciones que deben traducirse en compromisos urgentes e impostergables para el próximo gobierno.
Estas recomendaciones surgen del mandato constitucional y legal de la Defensoría del Pueblo y del trabajo directo con las comunidades y los territorios de todo el país. Por eso, se considera que estas exigencias mínimas e ineludibles deben cumplirse durante el próximo periodo legislativo y presidencial para garantizar la dignidad humana, la cohesión social y la vigencia del Estado Social de Derecho democrático, participativo y pluralista.
“Los derechos humanos son vitales para un buen gobierno. Son una forma de incorporar a las poblaciones afectadas por la violencia, la desigualdad territorial y la degradación ambiental en la agenda pública y esto fortalece la legitimidad del Estado», introdujo la Defensora, Iris Marín Ortiz.
Las recomendaciones se hicieron llegar de manera directa a cada una de las candidaturas mediante un documento estructurado en cuatro ejes que recogen los principales nudos críticos del contexto nacional de derechos humanos: igualdad, paz, ambiente sano y asuntos agrarios.
Además de una invitación a contribuir desde la institución con la construcción de propuestas que puedan convertirse en planes de desarrollo que fortalezcan la legitimidad del Estado y consoliden la gobernabilidad, teniendo como centro acciones que beneficien a los territorios y las comunidades con un enfoque de derechos humanos.
“Hoy estamos haciendo público este documento para todo el país que se compone de cuatro ejes críticos que han sido identificados por la Defensoría del Pueblo a partir del conocimiento que tenemos de la situación de derechos humanos en el país y cuáles deberían ser esos temas que cualquier buen gobierno debe tener en cuenta para atender las obligaciones constitucionales e internacionales de derechos humanos”, dijo la Defensora del Pueblo.
A continuación, se presentan los puntos clave de cada uno:
1. Igualdad y superación de la desigualdad estructural
Se advierte que la desigualdad sigue siendo uno de los principales obstáculos para el goce efectivo de los derechos humanos. Por ello, se pide adoptar medidas para reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria, implementar el Sistema Nacional de Cuidado, ampliar la cobertura educativa y cerrar brechas digitales.
Se recomienda priorizar un enfoque de protección a lo largo del curso de vida que garantice el derecho a un buen futuro para las juventudes, las personas mayores, y las personas con discapacidad, mediante políticas públicas, asignación de recursos y fortalecimiento institucional orientados a eliminar las barreras estructurales que limitan su bienestar y afectan de manera diferenciada a poblaciones vulnerables.
En este punto es clave la educación. “Cada programa de gobierno y cada campaña tendrá sus énfasis y prioridades de acuerdo a su visión de país. Pero lo que no debería pasar es que no se fortalezca la inversión pública en educación para eliminar estas brechas que están generando la deserción o falta de asistencia escolar”, insistió la Defensora.
El próximo gobierno debe priorizar una reforma integral al sistema de salud que garantice sostenibilidad, equidad y transparencia, con reglas claras de financiación, mejor gobernanza territorial y protección al talento humano.
Es urgente adoptar medidas que superen la crisis en la prestación de servicios y aseguren el acceso oportuno y efectivo a la salud, incluyendo responsabilidades claras para los actores privados en la garantía de este derecho.
Asimismo, se hace un llamado a combatir el racismo estructural, garantizar los derechos de los pueblos étnicos y mejorar las condiciones del sistema penitenciario, asegurando estándares dignos para las personas privadas de la libertad.
2. Paz, seguridad y garantías democráticas
En materia de paz y seguridad, se hace necesario implementar integralmente el Acuerdo Final de Paz y articular las políticas de seguridad, justicia y desarrollo territorial. Enfatizamos en la urgencia de proteger a líderes y lideresas sociales, firmantes de paz y comunidades en riesgo.
«La paz no es solo la dejación de las armas. Es el derecho a la verdad, a la justicia y reparación de las víctimas y sobre todo las garantías de no repetición. En Colombia tenemos más de 10 millones víctimas y para repararlas es indispensable garantizar la sostenibilidad financiera y el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Ley de Víctimas, reduciendo la brecha entre el universo de víctimas y las metas de reparación”, enfatizó la Defensora.
Actualmente, 402 municipios de 32 departamentos se encuentran focalizados en riesgo a partir de Alertas Tempranas activas, lo que equivale al 35% del total de municipios del país. Esto requiere implementar de forma estricta las recomendaciones de las Alertas Tempranas —con responsables claros, cronogramas e indicadores verificables— y superar el enfoque fragmentado entre paz y seguridad mediante una estrategia unificada con enfoque de derechos humanos.
Se debe garantizar la sostenibilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de búsqueda de Personas Desaparecidas y la Ley de Víctimas, así como a asegurar que los procesos de diálogo con actores armados incluyan compromisos humanitarios verificables y respeten los derechos de las víctimas; sin que esos nuevos procesos interfieran en la implementación del actual Acuerdo Final de Paz.
3. Ambiente sano y derechos de la naturaleza
Frente a la crisis ambiental, se solicita a las candidatas y candidatos que ganen las elecciones adoptar medidas urgentes contra la deforestación y la minería ilegal, así como a fortalecer la gestión del riesgo de desastres con enfoque de derechos humanos.
Para ello, se recomienda avanzar en marcos normativos que reconozcan el desplazamiento forzado por causas ambientales y garanticen la protección de las comunidades afectadas por el cambio climático.
4. Reforma rural integral y derechos del campesinado
En el eje agrario, se insiste en la necesidad de acelerar la Reforma rural integral, garantizar el acceso a la tierra y avanzar en la restitución efectiva para las víctimas de desplazamiento forzado.
Asimismo, se debe acelerar la implementación del catastro multipropósito, implementar territorialidades campesinas y étnicas como una política de Gobierno, y cumplir con los compromisos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
Finalmente, la Defensora del Pueblo aseguró que, en el contexto actual, en el que las vulneraciones a los derechos humanos persisten e incluso se intensifican en los territorios, resulta especialmente preocupante que la Defensoría del Pueblo enfrente una reducción significativa de sus recursos. No es posible fortalecer la protección de los derechos humanos debilitando a la institución llamada a garantizarlos. Por ello, exhortó al próximo gobierno a reconocer el valor estratégico de la Defensoría y a fortalecer su capacidad institucional, operativa y territorial como condición indispensable para asegurar la vigencia efectiva de los derechos humanos en Colombia.
“El llamado es a respetar la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo. Contar con los recursos para las y los defensores públicos y todo el personal de la Defensoría. Cuando no hay defensa pública al día, el sistema de justicia también tiene un deterioro”, aseguró la Defensora.
Con todo esto, la Defensoría del Pueblo exhorta a las candidatas y los candidatos a asumir estos compromisos como una condición mínima de gobernabilidad democrática. Su cumplimiento resulta fundamental para avanzar hacia un país más justo, en paz y con garantías efectivas de derechos humanos para todas las personas.
“La ciudadanía tiene aquí una herramienta para exigir y evaluar a las candidatas y candidatos. Para tomar decisiones informadas (…) Es un documento para orientar y señalar, con responsabilidad institucional, cuáles son aquellas decisiones que el país ya no puede seguir postergando”, concluyó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
