La Defensoría del Pueblo destaca la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-432 de 2025, mediante la cual se amparan los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a vivir una vida libre de violencias y a la no discriminación de las mujeres periodistas.
El fallo resolvió una acción de tutela interpuesta por un grupo de periodistas frente a expresiones pronunciadas por el presidente de la República durante el acto de posesión de la actual Defensora del Pueblo, en las que se les calificó como “muñecas de la mafia” y se les atribuyó la criminalización de la protesta social. La Corte concluyó que dichas expresiones constituyeron una forma de violencia simbólica y de discriminación por razón de género, y ordenó al Presidente retractarse públicamente y abstenerse de emitir mensajes similares en el futuro.
La Defensoría del Pueblo resalta que esta decisión tiene un profundo valor institucional y simbólico, pues los hechos que dieron origen a la tutela tuvieron lugar durante la posesión de la actual Defensora del Pueblo, acto en el cual se produjeron las declaraciones que la Corte ha considerado vulneratorias. La entidad valora que la sentencia reconozca la importancia del lenguaje en el ejercicio del poder y reafirme la obligación de todos los servidores públicos de actuar con respeto, diligencia y responsabilidad frente a los derechos de las mujeres y de la prensa.
Asimismo, la Defensoría subraya el llamado que hace la Corte Constitucional al presidente de la República para promover un diálogo respetuoso con los medios de comunicación, basado en la transparencia, la pluralidad y la dignidad humana. Un diálogo en el que la libertad de prensa se fortalezca como pilar esencial de la democracia y no se vea afectada por expresiones estigmatizantes o discriminatorias.
La decisión de la Corte reafirma que la libertad de expresión no puede ser utilizada como instrumento para perpetuar violencias simbólicas o reforzar estereotipos de género, especialmente cuando las manifestaciones provienen de quienes ostentan la más alta investidura del Estado. En una sociedad democrática, la palabra pública tiene un poder transformador que puede contribuir a erradicar las desigualdades y consolidar una cultura de respeto y no discriminación hacia las mujeres que ejercen el periodismo.
Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo considera que esta sentencia envía un mensaje claro sobre el deber del Estado de garantizar entornos seguros para el ejercicio del periodismo, tanto en los espacios físicos como en los digitales. La violencia de género y la violencia digital contra las mujeres periodistas constituyen una amenaza grave para la libertad de expresión y para el derecho de la sociedad a estar informada. En ese sentido, la entidad reitera su compromiso de seguir acompañando a las periodistas víctimas de violencia y de fortalecer las rutas de protección existentes.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reconoce la relevancia del exhorto dirigido al Congreso de la República para avanzar en una legislación integral que prevenga, sancione y repare la violencia de género digital. La entidad reitera su compromiso de acompañar este proceso legislativo y de continuar trabajando por la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres periodistas, así como por la promoción de entornos digitales seguros y respetuosos de los derechos humanos