La Defensoría del Pueblo realizó una serie de encuentros con comunidades del Catatumbo que resultaron gravemente afectadas por los recientes enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el disidente Frente 33 de las antiguas FARC. El objetivo principal de estas visitas fue escuchar directamente a las víctimas, recoger sus denuncias y evaluar el impacto humanitario que ha dejado la violencia en esta región históricamente golpeada por el conflicto armado.
Los combates se registraron el pasado 25 de diciembre y ocurrieron en inmediaciones de viviendas, escuelas y zonas de uso comunitario, lo que puso en riesgo directo a la población civil. Según lo relatado por los habitantes a la Defensoría, la cercanía de los enfrentamientos obligó a un desplazamiento masivo de al menos 700 personas, quienes tuvieron que abandonar sus hogares de manera repentina para proteger sus vidas.
Durante los diálogos con la comunidad, la Defensoría conoció detalles adicionales sobre las consecuencias de los enfrentamientos. Uno de los hechos más preocupantes fue el derrame de crudo que contaminó cultivos de palma de aceite, provocado por impactos de armas de fuego sobre un tramo del oleoducto que atraviesa una de las veredas. Esta situación no solo agravó la emergencia ambiental, sino que también afectó directamente la economía y la subsistencia de las familias campesinas de la zona.
Aunque algunas familias han comenzado a regresar a sus viviendas tras la disminución de los combates, el temor persiste. Las comunidades han solicitado de manera insistente garantías de seguridad, especialmente para los niños y niñas, y la verificación de que no existan artefactos explosivos sin detonar en los alrededores de las casas, caminos y escuelas. La posibilidad de que queden municiones o explosivos abandonados representa un riesgo latente para la población, en particular para los menores.
La Defensoría del Pueblo advirtió que es indispensable mantener y reforzar las medidas de protección para asegurar la subsistencia mínima de las comunidades afectadas. Según la entidad, los habitantes expresaron un profundo miedo a que los niños sufran accidentes por explosivos no detonados que podrían haber quedado tras los enfrentamientos, lo que dificulta el retorno seguro y la reactivación de la vida cotidiana.
En este contexto, la Defensoría reiteró su llamado a los actores armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y eviten involucrar a la población civil en el conflicto. Asimismo, insistió en la necesidad de una presencia integral del Estado que garantice seguridad, atención humanitaria, reparación de los daños ambientales y apoyo a las familias desplazadas, en una región donde la violencia sigue generando una grave crisis humanitaria.
