En la Mesa Técnica Interinstitucional para Habitante de Calle y en Calle, realizada en Ipiales, Nariño, la Defensoría del Pueblo acordó la estructuración de un acompañamiento integral, a partir de un enfoque humano, institucional y articulado en todos los niveles de gobierno, en ese municipio y su zona de frontera con Ecuador.
La situación de las y los habitantes de calle en Ipiales es crítica, pues a ella se suman personas migrantes, de todas las edades y géneros, con escasos recursos económicos, sin una ayuda familiar que soporte sus gastos necesarios del día a día y, en algunos casos, con condiciones de salud complejas que requieren atención clínica urgente.
Desplegar campañas de sensibilización y formación dirigidas a servidoras y servidores públicos, lideresas y líderes comunales y miembros de las juntas administradoras locales (JAL) fue otro de los compromisos alcanzados en la sesión de la Mesa. El fin: fortalecer la comprensión, empatía y capacidad de respuesta frente a un fenómeno que exige toda la atención.
Teniendo claro que el cambio empieza por quienes están más cerca de la comunidad, serán capacitadas y capacitados en el abordaje del fenómeno relacionado con la habitabilidad de calle desde una mirada restaurativa, que promueva la resolución pacífica de conflictos y la convivencia ciudadana.
Sin embargo, lo suscrito no se limita a la pedagogía. La Defensoría gestionará ante el Ministerio de Igualdad y Equidad el respaldo técnico y programático necesario para implementar estrategias inclusivas de atención y reintegración social.
Esta gestión busca consolidar la corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno y avanzar hacia políticas públicas que no solo reconozcan la existencia de esta población, sino también que le devuelvan su lugar en la sociedad, independientemente de las circunstancias en las que pueda estar.
Ipiales, por su ubicación estratégica, es punto de tránsito de población migrante en situación de habitabilidad de calle. Por ello, la Defensoría del Pueblo promoverá la articulación de apoyos para el retorno voluntario, seguro y digno de estas personas, en coordinación con la Alcaldía de ese municipio, la Gerencia de Fronteras, Migración Colombia y organismos internacionales con competencia en materia humanitaria.
Adicionalmente, la Defensoría gestionará la creación de un corredor humanitario fronterizo que permita una atención integral, con asistencia humanitaria y articulación binacional. Este corredor será una vía de derechos, en la que las instituciones de ambos países trabajen de manera conjunta para garantizar que la frontera no sea sinónimo de abandono, sino de protección.
Los entes competentes deben darles respuesta a las necesidades urgentes de la problemática, con el propósito fundamental de que sea solucionada, para que los derechos a la vida, salud, dignidad, no discriminación, al acceso a servicios básicos, vivienda, alimentación, trabajo digno, educación y justicia de esta población sean efectivamente garantizados.
De la Mesa Técnica Interinstitucional, además de la entidad nacional de derechos humanos (con la participación de su Regional Nariño, Delegada para los Derechos de Población en Movilidad Humana, Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Oficina de Asuntos Internacionales y Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales), formaron parte representantes de Migración Colombia, Alcaldía de Ipiales, Departamento Administrativo de Acción Social, Asociación de Juntas de Acción Comunal de Ipiales, Personería Municipal, Distrito de Policía de Ipiales, entre otros.