La Defensoría del Pueblo lideró en el municipio de Francisco Pizarro, Nariño, dos jornadas Buen Futuro Hoy, en las que fueron atendidas 677 personas: 471 mujeres, 203 hombres y 3 personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica (OSIGNH).
La comunidad accedió a autorizaciones de servicios médicos y medicamentos, actualización y verificación del Sisbén, afiliación a Colpensiones, a la gestión en el programa Renta Ciudadana, a la solicitud de créditos con el Banco Agrario, entre otras.
Con la participación de su Regional Tumaco, la Defensoría acompañó lo hecho por la Unidad para las Víctimas, que incluyó actualización de novedades, verificación de pagos de ayudas humanitarias, recepción de documentación para solicitudes de indemnización y certificaciones de discapacidad para personas afectadas por el conflicto armado, con el propósito de facilitarles el acceso a la indemnización administrativa.
Asimismo, la entidad de derechos humanos llevó a cabo dos talleres sobre sensibilización en violencias basadas en género, sobre el derecho fundamental a la salud y la seguridad social, y gestionó ante las EPS presentes la asignación de citas con especialistas. Y es que Francisco Pizarro es un municipio en el que persisten hechos violentos contra las comunidades, las cuales enfrentan riesgos constantes. Su zona urbana presenta un alto consumo de sustancias psicoactivas, lo que ha derivado en suicidios, prostitución, trabajo infantil, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y violencia sexual.
Además, actores armados ilegales ejercen control mediante amenazas, castigos y medidas coercitivas, imponiendo retenes ilegales, extorsiones y restricciones a la movilidad. Todo ello configura un escenario de riesgo extremo de vulneraciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), principalmente contra mujeres, niñas y mujeres jóvenes. Es por ello que las jornadas Buen Futuro Hoy fueron bien recibidas por las y los pobladores.
La Defensoría aprovechó su ida a Francisco Pizarro para participar en una sesión del Plan Integral de Reparación Colectiva (Pirc), con énfasis en la atención a víctimas del conflicto armado en casos de violencia sexual, homicidios y desaparición forzada.
De igual forma, se reunió con representantes de los consejos comunitarios del Río Patía Grande, sus Brazos y la Ensenada (Acapa), para concretar la toma de declaraciones colectivas, en cumplimiento del Auto 620 de 2017, que ordena la implementación de medidas que protejan a la población afrodescendiente e indígena de la costa Pacífica nariñense. Adicionalmente, coordinó con la Alcaldía la forma como debe llevarse a cabo el seguimiento a la atención que deben recibir las comunidades étnicas del territorio.
La Defensoría brindó asesorías jurídicas, elaboró derechos de petición, verificó información en el sistema Vivanto, plataforma del gobierno colombiano que consolida y permite consultar información detallada sobre las víctimas del conflicto, como sus datos básicos, declaraciones y beneficios recibidos de programas gubernamentales.
Durante los dos días de las jornadas fueron tramitadas quejas relacionadas con la no entrega de medicamentos y autorizaciones médicas, recibidas solicitudes de citas médicas con especialistas, agilizadas declaraciones a víctimas del conflicto armado y brindadas asesorías en asuntos penales, de propiedad y posesión de inmuebles, así como proyectadas tutelas cuyo fin es amparar derechos vulnerados por entes gubernamentales.
Igualmente, hubo brigadas de salud con atención en odontología, psicología, medicina general y entrega de medicamentos, beneficiando a menores de edad niños, menores de edad niñas, hombres adultos y mujeres adultas.
Con estas acciones, la Defensoría del Pueblo continúa garantizando el acceso a la justicia, la salud y la protección de los derechos fundamentales de las comunidades en los territorios.