Iris Marín, Defensora del Pueblo, envió una carta al presidente electo, Abelardo De la Espriella, y en el que le expresó varias de sus preocupaciones frente a las libertades que se podrían poner en riesgo en su gobierno
«Nuestro país enfrenta desafíos profundos para garantizar que los derechos humanos sean una realidad efectiva para todas las personas, sin distinción»
Agregó en la carta «En ese propósito, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal, reitera su disposición para mantener una relación institucional respetuosa, armónica e independiente con el nuevo Gobierno y con las demás ramas del poder público».
De esta forma contribuyendo desde sus competencias de promover, divulgar y velar por el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas que habitan el país y de nuestros connacionales.
Con ese propósito, y como fue puesto en conocimiento de su equipo de campaña, la Defensoría del Pueblo elaboró el documento «Decisiones Impostergables en materia de Derechos Humanos para el próximo Gobierno» que reúne un conjunto de recomendaciones orientadas a enfrentar los principales desafíos del país en esta materia.
En ese sentido, me permito solicitarle muy respetuosamente una reunión con su equipo de empalme, con el fin de presentar las recomendaciones contenidas en dicho documento, organizadas en cuatro ejes temáticos:
- Desigualdad estructural y exclusión permanente.
- Violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas.
- Degradación ambiental, cambio climático y derechos de la Naturaleza.
- Reforma rural integral, derechos del campesinado y de los pueblos étnicos.
Protesta social:
Sobre la protesta social, la defensora cuestionó el anuncio del regreso del Esmad para la atención de disturbios y recordó que existen órdenes judiciales que obligan a la Fuerza Pública a actuar bajo protocolos que garanticen el respeto a los derechos fundamentales.
También llamó la atención sobre las garantías para la oposición política y «pidió que las instituciones protejan el derecho al disenso, la crítica y la participación de quienes piensen diferente al Gobiern»o».
Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Marín señaló que esta entidad tiene una responsabilidad especial con periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, opositores políticos y firmantes del Acuerdo de Paz, por lo que sus directivos deben ofrecer garantías de imparcialidad e idoneidad.
La Defensoría alertó sobre posibles retrocesos en la implementación del Acuerdo de Paz y recordó que la protección de los derechos humanos en los territorios está relacionada con la presencia institucional y la seguridad de las comunidades.
Recursos naturales y comunidades indígenas
En materia ambiental y territorial, pidió que cualquier decisión sobre fumigación de cultivos ilícitos, explotación de recursos naturales y derechos de pueblos indígenas respete la Constitución y las decisiones de las altas cortes.
Marín solicitó al presidente electo defender a los colombianos que viven en el exterior y que enfrentan situaciones de discriminación o xenofobia.
Aunque la carta contiene fuertes llamados de atención, la defensora aseguró que la entidad mantendrá una relación de colaboración institucional con el nuevo Gobierno, siempre bajo la obligación de proteger los derechos fundamentales de todos los colombianos.
«Confío en que este espacio contribuya a fortalecer un diálogo institucional constructivo y permanente, orientado a la protección y garantía de los derechos humanos», finalizó la carte la Defensora del Pueblo.
