Durante la audiencia, el abogado Mauricio Camacho Fernández argumentó que se presentaron dilaciones en la resolución de recursos judiciales, en especial en segunda instancia, lo que —según señaló— afectó el debido proceso y debe ser tenido en cuenta en el cómputo de los plazos legales.
La solicitud se produjo luego de que, el pasado 31 de diciembre, una jueza de control de garantías negara la libertad al considerar que no se había superado el término de 240 días sin inicio del juicio oral, contados desde la radicación del escrito de acusación en febrero de 2025. La defensa insistió en que las demoras atribuibles al trámite judicial no pueden trasladarse a la procesada.
Ortiz enfrenta cargos por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. De acuerdo con la Fiscalía, habría recibido cerca de 3.000 millones de pesos por parte de exdirectivos de la UNGRD, recursos que estarían vinculados con contratos relacionados con la atención de la emergencia de agua en La Guajira.
En el proceso también reposan las declaraciones de Sneyder Augusto Pinilla, exsubdirector de la UNGRD y primer condenado por este caso, quien aseguró que dichos recursos habrían sido utilizados para el pago de sobornos y exhortó a Ortiz a colaborar con la justicia.
