El Gobierno colombiano impulsa un proyecto de decreto que podría transformar drásticamente el funcionamiento de las plataformas digitales de alojamiento turístico como Airbnb, Booking y otras aplicaciones similares. La medida, formulada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), plantea modificar el funcionamiento del Registro Nacional de Turismo (RNT) —el sistema que rige el registro y operación formal de prestadores de servicios turísticos— con el objetivo declarado de combatir la informalidad, mejorar la trazabilidad y fortalecer el control del sector turístico nacional.
¿Cuál es el cambio fundamental propuesto?
Actualmente, el RNT se basa en una declaración simple por parte de los prestadores para registrar alojamientos turísticos, incluidos los arrendamientos temporales gestionados por plataformas digitales. El proyecto de decreto propone transformar ese esquema en uno de “preverificación administrativa”, donde la autoridad tenga la última palabra sobre qué propiedades pueden o no operar antes de que estas sean publicadas en línea.
Este cambio implica que tanto las plataformas como los anfitriones deban aportar y validar documentos adicionales previamente ante la administración pública, algo que no estaba previsto en las normas actuales (en particular la Ley 2068 de 2020).
¿Qué exigencias nuevas generaría el decreto?
Si el borrador del decreto se aprueba en los términos en que fue presentado, las plataformas tendrían responsabilidades adicionales que hoy no se exigen, entre ellas:
- Verificar cada seis meses que todos los anfitriones estén registrados y cumplan con el RNT.
- Garantizar interoperabilidad con sistemas gubernamentales que aún no están completamente desarrollados.
- Comprobar que el uso del suelo y las normas de propiedad horizontal permitan alquiler turístico.
- Detectar y eliminar anuncios duplicados o no conformes con las exigencias.
Dichas obligaciones, según varios gremios, representarían una especie de licencia de operación implícita, con requisitos de cumplimiento técnico y legal que podrían ser difíciles de alcanzar en plazos cortos.
Alertas de gremios y asociaciones
Organizaciones como la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) han manifestado preocupación porque, de aprobarse sin ajustes, el decreto podría hacer que plataformas como Airbnb sean “invivibles” desde el punto de vista jurídico y técnico, y eventualmente se retiren del mercado colombiano.
Los gremios también señalan que la falta de periodo de transición antes de la entrada en vigencia —propuesta para el 18 de diciembre de 2025— podría generar un impacto negativo en temporada alta turística, afectando a miles de anfitriones y a la economía local.
Posibles consecuencias económicas
Las plataformas digitales de alojamiento turístico no solo sirven como intermediarias tecnológicas: según datos gremiales citados en medios, este modelo de negocio genera más de 215.000 empleos y aporta cientos de millones de dólares al PIB turístico colombiano.
Además, la cadena de valor completa —que incluye restaurantes, transporte y servicios locales en ciudades y municipios con pocas infraestructuras hoteleras formales— podría verse fuertemente impactada si disminuyen las reservas por medio de estas plataformas.
Voces a favor y en contra
- Críticos del decreto, como la CCIT, sostienen que las nuevas exigencias son “técnica y jurídicamente imposibles” para las plataformas digitales o para anfitriones individuales, especialmente pequeños emprendedores que dependen de este ingreso.
- Otros actores del sector turístico, como Cotelco y Anato, han expresado que no necesariamente se busca expulsar a las plataformas, sino que haya una regulación más clara y efectiva, similar a la de otros países.
Estado actual del proyecto
El borrador del decreto fue publicado y está abierto a comentarios hasta el 17 de diciembre de 2025, lo que significa que aún se pueden presentar observaciones para modificar o matizar el texto antes de su entrada en vigencia planeada para el 18 de diciembre.