El Gobierno colombiano, a través del Ministerio del Trabajo, publicó un borrador de decreto que ordenaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) transferir más de 25 billones de pesos en recursos de afiliados privados al régimen público de Colpensiones. La medida se enmarca en la implementación del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que reglamenta el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) a la Prima Media administrada por Colpensiones.
Según el borrador, las AFP —incluyendo Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia— estarían obligadas a girar el 100 % de los saldos acumulados en cuentas individuales, con sus respectivos rendimientos, a Colpensiones en plazos estrictos, generalmente antes de 15 días tras la expedición del decreto. La propuesta busca que el sistema público cuente con los recursos necesarios para atender las futuras pensiones de quienes optaron por el traslado, reforzando la sostenibilidad financiera del régimen estatal.
No obstante, Asofondos ha manifestado fuertes objeciones, advirtiendo que el decreto podría contravenir lo estipulado en la reforma pensional. El gremio sostiene que la normativa vigente ordena que esos ahorros permanezcan en las cuentas individuales hasta que el afiliado consolide su derecho de pensión, momento en el cual deben transferirse al fondo público administrado por el Banco de la República. Según Asofondos, el traslado anticipado no previsto en la ley podría afectar la sostenibilidad de la reforma y liberar recursos del presupuesto general de la nación de manera controvertida.
El proyecto de decreto se encuentra abierto a comentarios y ha generado un intenso debate legal, económico y político sobre cómo se deben manejar los recursos pensionales de los colombianos en transición hacia el sistema público.
