El Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, publicó un borrador de decreto que obligaría a los fondos privados de pensiones a trasladar de manera inmediata los ahorros de miles de afiliados hacia Colpensiones, generando una fuerte controversia política, económica y jurídica en el país.
La propuesta, dada a conocer por el Ministerio de Trabajo, establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán transferir el 100% del saldo acumulado —incluyendo rendimientos— de los afiliados que decidieron trasladarse al régimen público, en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Contexto: la reforma pensional y la “ventana de traslado”
El decreto se enmarca en la implementación de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), específicamente en el artículo 76, que habilitó una “ventana de traslado” para que personas cercanas a la edad de pensión pudieran cambiar de régimen.
Esta opción aplicó para:
- Mujeres con al menos 750 semanas cotizadas
- Hombres con mínimo 900 semanas
- Afiliados a menos de 10 años de pensionarse
Hasta febrero de 2026, más de 119.000 personas ya se habían trasladado desde fondos privados al sistema público.
El objetivo del Gobierno, según el borrador, es garantizar la sostenibilidad del sistema público y asegurar el pago de pensiones, evitando que los recursos sigan bajo administración privada cuando la obligación ya sería estatal.
La polémica: ¿el decreto va contra la ley?
El principal punto de controversia es que, según expertos y gremios como Asofondos, el decreto podría contradecir lo aprobado en la ley.
De acuerdo con interpretaciones del artículo 76:
- Los recursos trasladados deberían permanecer en los fondos privados
- Solo se moverían al sistema público cuando la persona se pensione
Sin embargo, el borrador plantea un traslado inmediato, lo que ha sido calificado por críticos como una extralimitación del Ejecutivo.
Incluso, se ha advertido que esta medida podría permitir al Gobierno disponer de esos recursos en el corto plazo, lo que ha generado alertas sobre el uso del ahorro pensional.
Más de $25 billones en juego
Las cifras detrás de la medida son significativas. Se estima que el traslado podría implicar:
- Más de $25 billones de pesos en ahorros pensionales
- Recursos provenientes de cuentas individuales administradas por AFP
Estos fondos incluyen no solo aportes, sino también rendimientos financieros acumulados durante años de cotización.
Reforma en suspenso y debate constitucional
La controversia se intensifica porque la reforma pensional se encuentra parcialmente suspendida por la Corte Constitucional, que revisa posibles vicios en su trámite.
Aunque algunos artículos —como el 76— siguen vigentes, juristas y analistas advierten que el decreto podría ir más allá de lo permitido por la ley, abriendo la puerta a demandas judiciales.
Además, expertos han señalado dudas sobre la legalidad de este tipo de medidas en medio del contexto fiscal del país.
Un debate de fondo: ahorro privado vs. sistema público
El trasfondo de la discusión refleja un debate estructural en Colombia:
- Modelo privado (RAIS): ahorro individual administrado por AFP
- Modelo público: administrado por Colpensiones
El Gobierno defiende el fortalecimiento del sistema público como mecanismo de equidad, mientras que críticos advierten riesgos sobre la confianza en el sistema y la seguridad jurídica del ahorro de los trabajadores.
