El caso de José Antonio Medina Méndez ha generado conmoción en el país al evidenciar cómo un joven universitario habría pasado de las aulas a integrar una red criminal vinculada a disidencias armadas. Las autoridades lo señalan de participar en una estructura de extorsión y atentados en Bogotá, presuntamente articulada por las disidencias de las Farc bajo el mando de Alexander Díaz.
Medina Méndez, quien cursaba cuarto semestre de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, fue capturado el 11 de marzo de 2026 en el municipio de Güepsa, tras una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, el joven utilizaba su condición de estudiante para acceder a información sensible y perfilar a sus víctimas.
El expediente señala que desde julio de 2025 habría dirigido amenazas contra al menos tres empresarios en la capital, exigiendo pagos que alcanzaban los 500 millones de pesos. Para ello, accedía a bases de datos oficiales como la Superintendencia de Notariado y Registro, obteniendo detalles sobre bienes, propiedades y movimientos de sus objetivos, información que luego utilizaba como mecanismo de presión.
Las investigaciones revelaron que “el Apóstol” realizó múltiples consultas usando credenciales universitarias, lo que le permitía operar con relativa discreción. Además, simulaba pertenecer a entidades académicas como la Universidad del Rosario para generar confianza y evitar sospechas.
El caso tomó mayor gravedad cuando se le vinculó con un atentado con granada en el barrio Las Américas, en Bogotá. De acuerdo con las pruebas, dos individuos en motocicleta habrían ejecutado el ataque contra una vivienda, causando daños materiales. Posteriormente, las víctimas continuaron recibiendo amenazas, en las que se advertía que el hecho era solo una muestra de lo que podría suceder.
Las autoridades también investigan su posible pertenencia al bloque Jorge Suárez Briceño, una estructura de las disidencias que ha fortalecido su presencia en distintas regiones del país en medio de la política de Paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro.
Durante las audiencias, la defensa del joven negó su participación directa en los atentados. Sin embargo, una jueza de control de garantías decidió mantener la medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las investigaciones por delitos de extorsión, terrorismo y porte ilegal de armas.
El caso deja al descubierto el nivel de sofisticación de estas redes criminales, que combinan inteligencia, tecnología y conocimiento institucional para ejecutar sus acciones, generando preocupación por la infiltración de estructuras ilegales en entornos académicos y urbanos.
