Alina Constanza Silva R. Comunicadora Social Periodista
Durante décadas, Nariño fue reconocido como un territorio de paz en comparación con otras regiones del país. Mientras en distintas zonas de Colombia el enfrentamiento con grupos armados se desarrollaba con crudeza, este departamento del suroccidente parecía mantenerse al margen, sustentado en una fuerte identidad cultural, economías locales tradicionales y una vida comunitaria arraigada. Sin embargo, este panorama cambió de manera acelerada. Hoy, amplias zonas de Nariño enfrentan violencia persistente, economías ilegales y disputas territoriales. ¿Qué ocurrió?
La transformación del departamento responde a la convergencia de múltiples factores. En primer lugar, su ubicación estratégica ha sido determinante: la salida al océano Pacífico, la cercanía con Ecuador y su compleja geografía —selvas, montañas y corredores fluviales— lo convierten en un territorio propicio tanto para el comercio legal como para las actividades ilícitas. En este contexto, Tumaco se consolidó como un enclave del narcotráfico al facilitar la salida de cocaína hacia mercados internacionales. A ello se suma la débil presencia del Estado en zonas rurales, lo que abrió espacio para la consolidación de actores armados ilegales (Fundación Ideas para la Paz, 2023).
El auge de los cultivos de uso ilícito profundizó esta transformación. Estos se expandieron en la llanura del Pacífico hasta posicionar a Nariño como uno de los principales productores de coca en el país, impulsado por su alta rentabilidad frente al debilitamiento de las economías agrícolas tradicionales (UNODC, 2023). La marginalidad, la falta de infraestructura y la ausencia de oportunidades económicas convirtieron a la coca en una alternativa casi inevitable para muchas comunidades. Este fenómeno transformó la economía local y atrajo organizaciones criminales que comenzaron a disputar y controlar el negocio.
Un punto de inflexión se produjo tras el acuerdo de paz de 2016. La desmovilización de las FARC generó un vacío de poder en territorios donde este grupo ejercía control. En Nariño, dicho vacío fue ocupado por disidencias, grupos armados organizados y bandas narcotraficantes, lo que intensificó las disputas por rutas, cultivos y control social. La fragmentación de estos actores incrementó la violencia y la inseguridad (Fundación Ideas para la Paz, 2023).
El narcotráfico no llegó solo. A su alrededor surgieron otras economías ilegales como la minería ilícita, el contrabando y la extorsión. Estas actividades consolidaron estructuras criminales que ejercen control sobre la población rural y urbana, especialmente en los municipios costeros. De esta manera, la violencia dejó de ser un fenómeno aislado y se convirtió en un sistema de control territorial, en el cual los grupos armados imponen normas, restringen la movilidad y afectan la vida cotidiana de la población.
La marginalización histórica del departamento constituye un factor transversal. En gran parte de los municipios, especialmente en zonas rurales, persisten limitaciones en el acceso a servicios básicos, educación, salud e infraestructura (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2022). Esta ausencia estatal ha facilitado la presencia de actores ilegales que, en algunos casos, asumen funciones de autoridad, configurando escenarios cercanos a un “paraestado”.
No obstante, reducir la situación de Nariño únicamente al narcotráfico implica simplificar una realidad estructural compleja. La violencia actual es el resultado de la interacción entre factores geográficos, economías ilícitas, vacíos institucionales y dinámicas del conflicto armado. Al mismo tiempo, es importante reconocer la existencia de procesos de resistencia social liderados por comunidades organizadas que buscan alternativas de desarrollo dentro de la legalidad (Banco Mundial, 2020).
Las cifras evidencian la magnitud del problema. Entre 2019 y 2024 se registraron múltiples masacres y cientos de homicidios en el departamento, además del asesinato de firmantes de paz y víctimas por minas antipersonales. Asimismo, el desplazamiento forzado ha afectado a cientos de miles de personas, representando aproximadamente el 12,4 % del total nacional (Unidad para las Víctimas, 2023). Estos datos reflejan la persistencia de un conflicto que, lejos de desaparecer, se ha reconfigurado.
La economía ilegal en Nariño no es aislada, sino que convive con la economía formal. Incluye actividades como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la extorsión, las cuales generan liquidez local, pero distorsionan los precios, debilitan las instituciones y afectan la seguridad. Además, el narcotráfico ha impulsado prácticas de lavado de dinero a través de negocios legales, inversiones inmobiliarias y comercio local, dificultando la diferenciación entre economías legales e ilegales.
La condición fronteriza con Ecuador añade complejidad. La dolarización de su economía facilita la circulación de capitales y puede ser aprovechada por redes criminales para integrar recursos ilícitos en circuitos legales. En este sentido, Nariño se configura como un espacio donde convergen dinámicas económicas transnacionales que fortalecen las economías ilegales.
Otro elemento relevante es la relación entre narcotráfico y política. El financiamiento ilegal de campañas, la cooptación del poder local y la corrupción administrativa permiten a las organizaciones criminales influir en decisiones públicas, controlar la contratación y acceder a información estratégica. Así, el narcotráfico no reemplaza al Estado, pero sí lo presiona, lo infiltra y lo condiciona.
En este contexto, la minería ilegal, particularmente en Tumaco, evidencia los impactos sociales de estas economías. Aunque genera ingresos rápidos, produce altos costos sociales, como explotación laboral, afectaciones ambientales y reproducción de ciclos de pobreza y violencia. En consecuencia, estas economías no son la causa de la pobreza, sino una respuesta a la falta de alternativas estructurales.
En síntesis, Nariño no se volvió violento por una sola causa, sino por la convergencia de factores estructurales: expansión de economías ilegales, vacíos de poder tras el acuerdo de paz, alta rentabilidad del narcotráfico, debilidad institucional histórica e intervenciones centradas en lo militar más que en lo social. Como plantean Acemoglu y Robinson (2012), el problema no radica en la falta de recursos, sino en la persistencia de instituciones extractivas que benefician a unos pocos y excluyen a la mayoría.
El desafío, por tanto, no es únicamente combatir la ilegalidad, sino transformar las condiciones que la hacen posible. Esto implica fortalecer la presencia efectiva del Estado, promover economías legales competitivas, garantizar acceso a educación y generar oportunidades reales para la población. No basta con que el Estado esté presente; es necesario que funcione.
Referencias
Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Publishing.
Banco Mundial. (2020). Pathways for peace: Inclusive approaches to preventing violent conflict. World Bank.
Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2022). Brechas territoriales en Colombia.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2023). Pobreza multidimensional en Colombia.
Fundación Ideas para la Paz. (2023). Dinámicas del conflicto armado en el Pacífico colombiano.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2023). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en Colombia.
Unidad para las Víctimas. (2023). Registro único de víctimas.
