Por: Mauricio Fernando Muñoz Mazuera
El nombre de Diego Marín Buitrago tal vez no nos suene mucho, pero si citamos su alias “Papá Pitufo”, sabremos que estamos hablando de uno de los personajes que ha generado un fuerte terremoto entre los políticos del país, sin importar su color. Porque, por lo visto, no hay movimiento político en Colombia que no se haya visto salpicado por el presunto accionar delictivo de este oscuro individuo.
En los últimos días, el alias del conocido como “el zar del contrabando” ha tomado una importancia inusitada tras la mención de su intento de donar dinero a la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro, en un clásico ejemplo de “fuego cruzado” donde todo el mundo termina siendo afectado de forma directa o colateralmente. El presidente, además, ha aceptado que, durante la campaña, tomó en una ocasión una avioneta de Marín sin saber que era de él.
Cuando hablamos de “Papá Pitufo”, hacemos referencia a una persona con un amplio prontuario delictivo. En 1993, un informe de la DEA lo vinculó con el blanqueo de capitales del cartel de Cali. En 2004 le quitaron la visa y, hace unos meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) les pidió a sus pares de Colombia que revisaran sus antecedentes, movimientos financieros, bienes y hasta registros de migración. Estamos ante un individuo señalado de lavado de activos por agencias de inteligencia desde hace más de tres décadas, acusaciones que él siempre ha desmentido, pero que han regresado una y otra vez, y que hoy lo tienen pidiendo asilo en Portugal, donde fue capturado a fines de 2024. Allí ha solicitado protección como vía para evitar una extradición a Colombia.
En el año 2020, quien fungía como vicepresidente de la República, el general Óscar Naranjo, se atrevió a hablar de Marín. Dijo que era “un contrabandista, que usaba las importaciones ilegales para lavar dinero del narcotráfico”. Añadió que se trataba de una “persona vinculada históricamente al cartel del Norte del Valle”. Y esta situación es la que llama la atención en este caso: si estamos ante un presunto criminal de vieja data, que lleva más de 30 años bajo la lupa de las autoridades, ¿por qué no se ha procedido a realizar una investigación exhaustiva que culmine con su captura?
Un reciente análisis de este fenómeno del contrabando, elaborado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), permitió establecer que, del total de productos que ingresaron a Colombia entre 2018 y 2023, cerca del 10 % lo hizo de manera ilegal, es decir, sin el cumplimiento de los requisitos de ley ni los controles de las autoridades aduaneras. En este periodo, el valor de las mercancías que ingresaron a Colombia de contrabando alcanzó un total de 41.430 millones de dólares, lo que arroja un promedio de 6.900 millones por año. Además, la modalidad más utilizada fue la subfacturación, que no es otra cosa que la declaración de importación con información errada, situación que facilita, de forma impune, el famoso “lavado de activos”.
Esta situación, tristemente, continúa dejando en evidencia que no hay dirigente político en nuestro país que merezca realmente el apoyo del que se han hecho acreedores. Pues, si ellos exponen sus nombres a la palestra pública, debería ser porque representan el mejor ejemplo de prohombres, reconocidos por sus valores, experticia y liderazgo. En cambio, nuestros dirigentes, sin importar su tendencia política, tienen sus nombres mancillados por investigaciones, ya sea por prevaricato, compra de testigos, falsos positivos, recepción de dineros de dudosa procedencia, expropiación de terrenos para beneficio particular, entre otros delitos que se les endilgan.
Frente a este tema, “amanecerá y veremos”, dijo el ciego. Sin embargo, lo único que nos queda claro es que, como decía mi profesor de Constitucional en la Gloriosa Universidad de Nariño: “Nuestros gobernantes son el fiel reflejo de la sociedad que lideran”.