En una alocución dictada desde el Palacio de San Carlos, el presidente Abelardo De La Espriella oficializó la firma de extradición hacia Estados Unidos de cinco cabecillas de grupos armados e ilegales, anunciando un giro radical en la política de seguridad enfocado en la autoridad, el sometimiento a la justicia y la mano dura contra el crimen organizado.
Fin de las suspensiones y extradiciones autorizadas
El mandatario ordenó hacer efectivas las entregas a la justicia estadounidense que permanecían congeladas por su participación como gestores o voceros en mesas de diálogo durante la administración previa. Los requeridos por delitos de narcotráfico, lavado de activos y narcoterrorismo son:
- Willington Henao (alias Mocho Olmedo)
- Carmen Evelio Castillo (alias Muñeca)
- Geovany Andrés Rojas (alias Araña)
- Gabriel Yepes Mejía (alias HH) — actualmente prófugo con orden de captura prioritaria.
- Fredy Castillo (alias Pinocho) — actualmente prófugo con orden de captura prioritaria.
Cambio en la estrategia de seguridad y justicia
- Cierre de mesas de diálogo: El Gobierno declaró desmontado el modelo de la «paz total», asegurando que las negociaciones no volverán a emplearse como blindaje judicial o refugio ante requerimientos internacionales.
- Vía única para desmovilizados: De La Espriella advirtió que la única alternativa para quienes deseen transitar a la legalidad es el sometimiento directo y la entrega de resultados concretos y verificables ante la ley.
- Despliegue de la Fuerza Pública: Se instruyó a los organismos de seguridad intensificar la búsqueda para capturar de inmediato a los dos cabecillas prófugos y concretar sus extradiciones a suelo norteamericano.
