El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella continúa avanzando en el desmonte de la política de ‘paz total’ implementada durante la administración de Gustavo Petro. En los últimos días, el Ejecutivo formalizó el cierre de nuevos espacios de negociación con estructuras armadas y organizaciones criminales.
Entre las decisiones más recientes se encuentran las resoluciones ejecutivas 365 y 368 de 2026, mediante las cuales se oficializó la terminación de los diálogos con el frente Comuneros del Sur y con las estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá.
La decisión refleja el cambio de estrategia del actual Gobierno, que ha optado por fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública y recurrir a las herramientas judiciales contra las organizaciones armadas, en lugar de mantener abiertos los procesos de negociación.
El caso de Comuneros del Sur
Uno de los procesos que llegó a su fin fue el adelantado con el frente Comuneros del Sur, estructura que estaba bajo el mando de Gabriel Yepes, conocido como ‘HH’.
Durante el Gobierno anterior, el proceso de paz había frenado la materialización de la orden de extradición contra el jefe de esta organización. Sin embargo, De la Espriella autorizó recientemente su extradición hacia Estados Unidos, como parte de la nueva política frente a las organizaciones armadas.
El proceso con las bandas de Medellín
También fue cerrado el espacio de diálogo con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, un proceso que estuvo rodeado de controversias durante el Gobierno Petro.
Uno de los episodios más cuestionados ocurrió cuando varios cabecillas que permanecían privados de la libertad fueron trasladados para participar en un evento público conocido como el ‘tarimazo’ en Medellín. La decisión generó críticas entre sectores de víctimas y autoridades.
Posteriormente, también causó polémica la realización de una fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí, en la que participaron integrantes de estas estructuras que habían recibido beneficios como gestores de paz.
¿Qué procesos siguen pendientes?
La política de ‘paz total’ comenzó durante el Gobierno Petro con la apertura de diferentes espacios de diálogo mediante resoluciones oficiales. Algunos de estos procesos ya fueron clausurados por la administración De la Espriella.
Entre los procesos que han terminado están las conversaciones con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Sin embargo, todavía existen procesos cuyo cierre formal está pendiente.
Uno de los principales es el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyas conversaciones se encuentran suspendidas desde enero de 2025, pero para las cuales aún no se ha expedido una resolución que oficialice su terminación definitiva.
También permanecen pendientes los procesos relacionados con las denominadas bandas urbanas de Buenaventura y Quibdó.
A estos se suma el espacio de conversación sociojurídica con el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más grandes del país. Este proceso, que tuvo entre sus escenarios iniciales a Catar, todavía requiere una decisión formal sobre su continuidad o cierre definitivo.
Crecimiento de los grupos armados
El debate sobre el futuro de estas negociaciones ocurre en medio de un aumento en el número de integrantes de organizaciones armadas ilegales.
Según cifras del Ministerio de Defensa correspondientes a julio de 2026, los grupos armados tendrían aproximadamente 28.802 integrantes, frente a los 15.120 registrados en diciembre de 2022, al comienzo del Gobierno Petro. Esto representa un incremento cercano al 90 %.
El Clan del Golfo aparece como la organización con mayor número de integrantes, con 10.268 personas. Le siguen el ELN, con 7.123; el Estado Mayor Central (EMC), con 4.480; y la CNEB, con 2.359.
Con el cierre progresivo de las mesas, el Gobierno de De la Espriella busca consolidar un modelo basado principalmente en operaciones militares, acciones judiciales y persecución de las estructuras armadas.
No obstante, el desmonte de la ‘paz total’ todavía no ha concluido: la definición sobre el ELN, las estructuras urbanas de Buenaventura y Quibdó y el proceso sociojurídico con el Clan del Golfo son algunos de los principales asuntos que permanecen sobre la mesa.
