Una resolución expedida por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) desató una nueva controversia política luego de que estableciera como hábiles varios fines de semana previos al cambio de gobierno del próximo 7 de agosto. Sectores de oposición cuestionan que la medida podría facilitar procesos de contratación y actuaciones administrativas durante las últimas semanas del gobierno de Gustavo Petro, mientras desde el Ejecutivo sostienen que responde a necesidades operativas de la transición.
¿Qué ocurrió?
A menos de un mes de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, una resolución expedida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) provocó una fuerte controversia en el escenario político colombiano.
La decisión consiste en declarar como días hábiles varios sábados y domingos comprendidos entre julio y el 7 de agosto, fecha en la que se realizará el relevo presidencial. La medida permite que durante esos días puedan adelantarse actuaciones administrativas, procesos internos y trámites oficiales que normalmente solo se desarrollan en jornadas laborales.
Aunque este tipo de resoluciones pueden adoptarse por razones administrativas, la cercanía con el cambio de gobierno despertó cuestionamientos entre congresistas y dirigentes de oposición, quienes consideran que la decisión merece especial vigilancia.
¿Por qué la medida genera polémica?
Las críticas se centran en que declarar hábiles los fines de semana amplía el tiempo disponible para adelantar procesos administrativos durante las últimas semanas del actual gobierno.
Entre las actuaciones que podrían realizarse se encuentran:
- Trámites contractuales.
- Actos administrativos.
- Procesos de contratación pública.
- Movimientos internos de personal.
- Otras actuaciones propias de las entidades estatales que dependen del calendario administrativo.
Varios sectores políticos advirtieron que cualquier contratación realizada durante este periodo deberá ser objeto de control por parte de los organismos de vigilancia para garantizar transparencia y evitar decisiones que comprometan a la administración entrante.
La oposición calificó la decisión como «escandalosa»
La resolución fue ampliamente cuestionada por dirigentes de oposición.
Entre las voces más críticas estuvo la senadora María Fernanda Cabal, quien calificó la decisión como «escandalosa» y pidió que se ejerza un estricto seguimiento a todas las actuaciones del Dapre durante las semanas previas a la posesión presidencial.
Desde esos sectores consideran que la ampliación del calendario administrativo puede facilitar contrataciones de última hora o decisiones que tengan efectos más allá del periodo del actual gobierno.
No obstante, hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que demuestren irregularidades derivadas de la resolución; las críticas apuntan principalmente al riesgo potencial que podría representar la medida dada la coyuntura política.
El contexto político aumenta la tensión
La controversia se produce en medio de uno de los procesos de transición presidencial más tensos de los últimos años.
Durante las últimas semanas, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha denunciado presuntas irregularidades en diferentes entidades estatales y anunció la conformación de un equipo jurídico encargado de revisar contratos, decisiones administrativas y posibles hallazgos que, según afirmó, serán llevados ante las autoridades competentes.
Además, el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante ha atravesado varios episodios de confrontación política, incluyendo la suspensión temporal de reuniones y acusaciones mutuas sobre transparencia y garantías institucionales.
¿Qué dice el Gobierno?
Hasta el momento de la publicación de esta información, el Gobierno nacional no ha reconocido que la resolución tenga como finalidad facilitar contrataciones extraordinarias.
La expedición de este tipo de actos administrativos suele justificarse por necesidades de funcionamiento institucional, especialmente cuando existen procesos de cierre de gobierno, elaboración de informes finales, entrega de documentación y actividades propias del empalme presidencial.
Sin embargo, la coincidencia con el cambio de administración ha hecho que la medida sea observada con especial atención por la oposición y distintos analistas políticos.
¿Qué puede ocurrir ahora?
Los organismos de control podrían revisar las actuaciones administrativas que se adelanten durante este periodo si llegan a presentarse denuncias o solicitudes de investigación.
Por ahora, la resolución permanece vigente y permitirá que varias dependencias del Ejecutivo continúen adelantando actuaciones oficiales durante los fines de semana previos al 7 de agosto.
Mientras tanto, la transición presidencial continúa marcada por un ambiente de alta polarización política, con cuestionamientos permanentes entre el gobierno saliente y el equipo del presidente electo, situación que mantiene la atención sobre cada decisión administrativa adoptada en la recta final del mandato de Gustavo Petro.
