En una jugada clave para fortalecer la atención de los jóvenes en conflicto con la ley y avanzar en políticas de rehabilitación y reparación, el departamento de Cundinamarca puso en marcha oficialmente su agenda de justicia penal adolescente para 2026, en la que figuras institucionales y representantes de municipios como Girardot tuvieron un papel destacado.
La puesta en marcha de la hoja de ruta para la vigencia 2026 se formalizó durante la realización del primer Comité Departamental de Coordinación del Sistema Nacional de Responsabilidad Penal para Adolescentes (CDSNCRPA), evento en el que participaron representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia, alcaldías municipales y demás autoridades departamentales y nacionales. En la sesión, las entidades evaluaron los resultados de 2025, analizaron los retos pendientes y fijaron prioridades para los próximos meses.
El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana de Cundinamarca, general (r) Luis Fernando Navarro, resaltó la importancia de articular los esfuerzos entre las diferentes entidades para construir una respuesta integrada frente a la problemática juvenil vinculada al sistema penal. Según explicó, el nuevo plan parte del balance de lo logrado en 2025 y de los desafíos que aún persisten, con especial énfasis en acciones que favorezcan la reparación, prevención y atención integral de las juventudes en riesgo.
Uno de los focos centrales del comité fue la revisión del avance de la operación del Centro de Atención Especializada (CAE) en Girardot, una instalación clave para ofrecer atención especializada y diferenciada a adolescentes en conflicto con la ley. En los últimos meses, este centro ha sido objeto de seguimiento y articulación con las instituciones, con el objetivo de consolidar su capacidad operativa y ampliar su alcance en materia de justicia restaurativa.
La agenda también recoge la puesta en marcha de brigadas de justicia restaurativa juvenil, un enfoque que promueve la intervención centrada en la reparación del daño a las víctimas, la reconstrucción de entornos seguros para los adolescentes involucrados y la promoción de procesos que trasciendan la lógica exclusivamente sancionatoria. En este sentido, la Fiscalía presentó el modelo de intervención de estas brigadas, que incluye estrategias para fomentar la corresponsabilidad de las familias y las comunidades en los procesos de recuperación social.
Asimismo, dentro de los temas abordados en el comité, se destacó la importancia de aplicar de manera efectiva el principio de oportunidad, una herramienta jurídica que puede facilitar soluciones restaurativas y ofrecer alternativas al proceso penal tradicional cuando ello favorezca el interés superior del adolescente y la reparación del daño.
Las autoridades presentes hicieron énfasis en la necesidad de que las políticas públicas relacionadas con la justicia penal adolescente contemplen no sólo aspectos punitivos, sino también la prevención, la educación y la inclusión social, con miras a generar oportunidades que permitan a los jóvenes construir proyectos de vida alejados del delito.
Con la activación de esta agenda, Cundinamarca reafirma su compromiso con una justicia más humanizada y eficiente, y avanza en la consolidación de medidas que buscan garantizar los derechos de los adolescentes, velar por la seguridad de las comunidades y favorecer la cohesión social en municipios como Girardot y en todo el departamento.
