La reciente publicación de una encuesta presidencial realizada por la firma AtlasIntel desató una fuerte controversia en el escenario político colombiano, luego de que expertos y autoridades advirtieran posibles incumplimientos al estatuto electoral que regula la realización y divulgación de sondeos de opinión en el país. El debate se intensificó tras el pronunciamiento del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien solicitó la intervención del Consejo Nacional Electoral (CNE) para evaluar la legalidad del estudio.
Según explicó el ministro, la encuesta podría estar vulnerando disposiciones clave de la llamada Ley de Encuestas, especialmente en lo relacionado con la transparencia de la muestra utilizada. Benedetti señaló que la normativa exige que las encuestas detallen con precisión en qué municipios se realizó el muestreo, y no se limiten a indicar de forma general que fue aplicada en Colombia. A su juicio, esta omisión compromete la validez y la confiabilidad de los resultados divulgados.
El ministro también cuestionó la metodología digital utilizada por AtlasIntel. Indicó que, al tratarse de una encuesta en línea, existe el riesgo de manipulación a través de “bodegas” o estructuras organizadas que influyen artificialmente en la opinión pública. Además, advirtió que la propia empresa reconoce que los encuestados pueden ser anónimos, lo cual iría en contra de la exigencia legal de identificar características básicas de la muestra, como edad, sexo y región de procedencia.
Otro de los puntos centrales de la crítica se relaciona con las condiciones de conectividad del país. Benedetti afirmó que Colombia no cuenta con una cobertura digital suficiente como para garantizar que una encuesta virtual refleje de manera fiel la opinión del electorado. Recordó que, según datos de la OCDE, el país presenta serias deficiencias en conectividad, especialmente en las zonas rurales, donde el acceso a internet es limitado o inexistente para un alto porcentaje de la población.
En ese sentido, el ministro calificó como sospechoso que se realice una encuesta digital de alcance nacional en un contexto de baja conectividad, y cuestionó que los resultados muestren de manera reiterada escenarios desfavorables para un mismo candidato. Para Benedetti, este patrón refuerza las dudas sobre la imparcialidad y el rigor técnico del estudio publicado.
La controversia se enmarca en lo establecido por la Ley de Encuestas, cuyo objetivo es regular la realización y difusión de sondeos relacionados con cargos de elección popular y opinión política. Esta ley busca garantizar la igualdad en el acceso a la información, la transparencia de los datos y la confiabilidad de los resultados, con el fin de fortalecer la credibilidad de este tipo de mediciones en el territorio nacional.
En particular, se citó el parágrafo 3 de la norma, que otorga al Consejo Nacional Electoral la facultad de vigilar el cumplimiento de la ley en todas las etapas de las encuestas. Esto incluye la revisión de la formulación de las preguntas, la no inducción a las respuestas, la adecuada selección de la muestra, la veracidad de los datos publicados y la aplicación de buenas prácticas metodológicas. La ley también establece que, si se detectan irregularidades como manipulación de la muestra, inducción de respuestas o alteración de datos, se debe iniciar el procedimiento sancionatorio correspondiente.
En conclusión, el caso de la encuesta de AtlasIntel abrió un nuevo debate sobre el uso de estudios de opinión en el contexto electoral colombiano y la necesidad de un estricto control por parte de las autoridades para garantizar que estas mediciones cumplan con los requisitos legales y técnicos, evitando así posibles distorsiones en el proceso democrático de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
