TIERRASUA S.A.S. fue constituida en enero de 2019 bajo la razón social ASDETBOY S.A.S. y registrada como empresa comercial ante la Cámara de Comercio de Tunja el 16 de mayo del mismo año. Su objeto social está enfocado en la administración de recursos, maquinaria y la ejecución de proyectos de infraestructura, principalmente en el sector vial, con una participación pública del 70 % a través del Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá (IDEBOY).
Por su naturaleza jurídica, la empresa se encuentra sujeta al control fiscal de los organismos competentes, entre ellos la Contraloría General de Boyacá. No obstante, en los registros públicos disponibles no aparecen informes de auditoría fiscal de amplia divulgación correspondientes al periodo en el que Camargo ejerció como contralor departamental, pese a que la sociedad ha administrado recursos públicos de alta cuantía.
Desde 2019, TIERRASUA ha suscrito contratos y convenios principalmente con la Gobernación de Boyacá, el IDEBOY y varios municipios del departamento. Los montos reportados van desde contratos menores cercanos a los 50 millones de pesos hasta proyectos que superan los 45.000 millones de pesos, relacionados con mantenimiento y mejoramiento vial, interventorías y estudios técnicos.
Los documentos oficiales identifican como representante legal y gerente a John Ernesto Carrero Villamil, exsecretario de Infraestructura de Boyacá y exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, quien además fue candidato a la Alcaldía de Tunja. Carrero Villamil ha ocupado cargos de confianza durante la administración del gobernador Carlos Andrés Amaya.
En materia de gobernanza, la información pública no detalla de forma visible la composición de la junta directiva de TIERRASUA S.A.S., a pesar de que la mayoría de su capital es de origen público. Este dato no figura de manera clara en los registros mercantiles básicos ni en los canales institucionales de la empresa.
De acuerdo con directorios empresariales, TIERRASUA reportó en 2024 ingresos operacionales estimados entre 10.000 y 20.000 millones de pesos, además de un crecimiento significativo de sus activos frente a periodos anteriores, lo que refuerza la atención pública sobre los mecanismos de control y vigilancia aplicados a su gestión.
