Crisis sanitaria obliga a cerrar colegios y universidades.
Tunja enfrenta una de sus peores crisis recientes: la falta de agua potable paralizó el sistema educativo y dejó al descubierto un problema estructural que, según la comunidad, no es nuevo, pero sí cada vez más grave. La emergencia obligó a suspender las clases presenciales durante los días 20 y 21 de abril, afectando a colegios públicos, privados, universidades e institutos técnicos, en una decisión que evidencia la magnitud del colapso del servicio.
¿Qué pasó? La imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de higiene en las instituciones educativas llevó a la administración a tomar una medida urgente: cerrar las aulas y trasladar a miles de estudiantes a la virtualidad. Aunque esta alternativa permite continuar parcialmente con las actividades académicas, también deja en evidencia la fragilidad del sistema frente a una necesidad básica como el acceso al agua potable.
El impacto va más allá de la suspensión temporal de clases. Sin agua, no hay condiciones para el funcionamiento adecuado de baños, preparación de alimentos ni limpieza de espacios, lo que representa un riesgo directo para la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo. Es un efecto dominó que termina afectando a toda la ciudad, incluyendo a familias que deben reorganizar sus rutinas ante la interrupción de la presencialidad.
La situación se agrava al tratarse de una problemática recurrente. Esta contingencia hace parte de una emergencia regional que incluso llevó a declarar un día no hábil en la administración pública con el fin de incentivar el ahorro del recurso hídrico. Sin embargo, para muchos ciudadanos, estas decisiones llegan tarde y no resuelven el problema de fondo.
Como consecuencia adicional, fue aplazada la Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE), un espacio clave para la supervisión de la nutrición de miles de estudiantes. Esto evidencia cómo la falta de agua no solo afecta la educación, sino también programas sociales esenciales.
La comunidad, representada por líderes como Miguel Páez, exige respuestas concretas y soluciones definitivas. Mientras tanto, las autoridades evalúan si el 22 de abril se podrá retomar la presencialidad, dependiendo de la normalización del servicio. La incertidumbre persiste y deja una reflexión preocupante: en pleno siglo XXI, la educación puede detenerse por la falta de agua.
