En medio del creciente debate político en Colombia por la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una nueva controversia se instaló en la agenda pública luego de que el presidente Gustavo Petro difundiera en redes sociales el número de una cuenta bancaria para recibir aportes ciudadanos destinados a impulsar esta iniciativa.
La cuenta, que fue presentada por el mandatario como “legal” y habilitada para giros de hasta 10 millones de pesos por persona con identificación, no está a nombre del jefe de Estado, sino de Armando Custodio Wouriyú Valbuena, quien se desempeña como vocero del comité promotor de la convocatoria.
¿Quién es el dueño de la cuenta y qué dijo?
Wouriyú Valbuena confirmó públicamente que es el titular de la cuenta y explicó que los recursos que se recauden tendrán un destino específico: financiar el proceso de recolección de firmas necesarias para presentar un proyecto de ley que permita convocar la constituyente.
Según el vocero, el comité promotor —integrado por nueve personas y registrado ante la Registraduría Nacional— tiene como meta recaudar aproximadamente 2.060 millones de pesos.
Además, aseguró que hasta el momento de sus declaraciones no habían recibido aportes económicos, pese al llamado realizado por el presidente.
“El dinero será usado para avanzar en el proceso de recolección de firmas… hasta el momento no nos ha entrado dinero”, explicó el líder del comité.
El contexto: firmas, plazos y estrategia
La iniciativa de la Asamblea Constituyente no surge de manera improvisada. Desde diciembre de 2025, el comité promotor fue inscrito formalmente ante la Registraduría, dando inicio al proceso de recolección de firmas requerido por la ley colombiana.
Actualmente, el comité reporta cerca de 900.000 firmas recogidas, aunque el requisito mínimo para presentar el proyecto de ley es de 2,3 millones, con una meta más ambiciosa de hasta 5 millones de apoyos ciudadanos.
El cronograma apunta a que la iniciativa sea radicada en el Congreso el 20 de julio, fecha clave en el calendario legislativo del país.
En cuanto a la estrategia, Wouriyú explicó que la campaña, inicialmente centrada en territorios rurales, comenzará a expandirse a ciudades como Bogotá y Medellín, con jornadas masivas de recolección.
¿Es legal la recolección de dinero?
El vocero insistió en que el proceso se realiza bajo un marco legal y supervisado por las autoridades electorales. Señaló que la recolección de recursos está respaldada por actos administrativos y que, una vez finalizada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará auditorías para verificar el manejo de los fondos.
Sin embargo, expertos y sectores políticos han advertido que aún existen vacíos sobre la transparencia, la figura jurídica del recaudo y los mecanismos de control, lo que ha alimentado la polémica.
Reacciones y polémica política
La publicación del presidente generó reacciones inmediatas en distintos sectores. Desde la oposición, figuras políticas cuestionaron la iniciativa, señalando posibles riesgos institucionales y criticando el hecho de que el jefe de Estado promueva directamente la recolección de dinero para un proceso político.
El debate también se enmarca en un contexto más amplio: la dificultad del Gobierno para sacar adelante reformas estructurales en el Congreso, lo que ha reactivado la idea de una constituyente como vía alternativa de cambio.
Un proceso en desarrollo
La recolección de fondos y firmas apenas comienza y marcará el rumbo de esta propuesta, que podría redefinir el panorama institucional del país. Mientras el comité promotor avanza en su estrategia territorial y urbana, la discusión sobre la legitimidad, viabilidad y alcance de una Asamblea Constituyente sigue creciendo en la opinión pública.
