El Gobierno de Gustavo Petro decretó una emergencia económica el 22 de diciembre de 2025, tras el fracaso de su proyecto de reforma tributaria en el Congreso, con el objetivo de generar recursos adicionales para financiar el presupuesto de 2026 y enfrentar un déficit fiscal creciente. Sin embargo, la medida fue suspendida de manera provisional por la Corte Constitucional, lo que puso en pausa el cobro de varios impuestos diseñados en el marco del estado de excepción.
Emergencia económica y suspensión del decreto
La declaratoria de emergencia económica permitió al Gobierno establecer nuevos impuestos y modificar otros existentes sin la aprobación del Congreso, con la meta de recaudar más de COP 11 billones en 2026. No obstante, en enero de 2026 la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto mientras evalúa si es constitucional, dejando en pausa estos tributos y sus efectos sobre las finanzas públicas.
Entre los impuestos que quedaron suspendidos estaban:
- Impuesto al patrimonio con umbrales más bajos para contribuyentes.
- Sobretasa del 15 % al sector financiero.
- Impuestos al IVA del 19 % para juegos de azar en línea y licores (antes 5 %).
- Impuesto al consumo para tabaco y licores.
- Gravámenes sobre ventas de petróleo y carbón.
- Contribución para apoyar a empresas de servicios públicos como Air-e.
- Beneficios tributarios y normalización para quienes actualicen deudas con la DIAN.
¿Cuánto se alcanzó a recaudar?
Según el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) logró recaudar cerca de COP 1,65 billones hasta el 29 de enero de 2026 antes de la suspensión de los impuestos.
Del total:
- COP 1,63 billones provinieron del pago de obligaciones asociadas a reducciones de intereses y sanciones para contribuyentes morosos o con declaraciones inexactas, una medida que permitió mejorar el cumplimiento tributario.
- COP 23 800 millones correspondieron al llamado impuesto de estabilidad fiscal, equivalente al 1 % sobre la primera venta o exportación de carbón e hidrocarburos.
- COP 1 200 millones se recaudaron por el IVA adicional aplicado a la importación de licores.
Impuestos que no alcanzaron a generar recaudo
Algunas de las medidas tributarias planeadas ya habían sido causadas a finales de enero, pero su cobro estaba previsto para meses posteriores (febrero y marzo), por lo que no llegaron a materializar ingresos efectivos tras la suspensión. Esto representa un monto estimado de cerca de COP 165 000 millones que quedó en suspenso.
Implicaciones para las finanzas públicas
La decisión de la Corte Constitucional obliga al Gobierno a explorar otras alternativas de financiación y a fortalecer la eficiencia del gasto público, según advirtió el Ministerio de Hacienda. En este contexto, el Ejecutivo también anunció recortes presupuestales por COP 16,3 billones para equilibrar las cuentas del Estado sin sacrificar inversión en educación, salud y seguridad.
