Un oficio sindical sin evidencias desató una controversia en CORPONARIÑO, poniendo en riesgo la reputación de un joven profesional y exponiendo un problema creciente: denuncias basadas en suposiciones, fuentes anónimas y percepciones que podrían convertirse en un mecanismo de persecución laboral.
La gestión pública exige control, vigilancia y transparencia. Pero cuando la denuncia se formula sin pruebas, basada en rumores, comentarios de pasillo o afirmaciones que no pueden verificarse, deja de proteger la institucionalidad y empieza a poner en riesgo la dignidad de quienes trabajan en ella.
Eso es lo que ocurre hoy en CORPONARIÑO. Un reciente comunicado del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental SINTRAMBIENTE Subdirectiva Nariño dirigido al Director General de la corporación, Mauricio Bastidas Bedoya, expuso presuntas anomalías en el comportamiento del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Cristian Alexander López Contreras. Las acusaciones incluyen obstrucción de procesos, abuso de autoridad e incluso rumores de posibles actos de corrupción.
Sin embargo, al revisar el documento, emerge un aspecto clave: ninguna de esas afirmaciones está acompañada de evidencia verificable. No hay oficios, correos, soportes técnicos, fechas o pruebas documentales. La mayoría de los señalamientos se sustentan en expresiones como “se ha escuchado”, “manifiestan”, “dicen” o “se presume”. Y en el derecho disciplinario, esas palabras no tienen valor probatorio.
Cuando los rumores se formalizan
En Colombia, tanto la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) como la Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado) son claras:
ningún proceso disciplinario puede iniciarse con base en rumores o suposiciones.
Se requieren hechos concretos, elementos materiales probatorios y actos verificables. En otras palabras: los supuestos, dijeron o dicen no constituyen faltas disciplinarias. Esa garantía existe para evitar que la denuncia se convierta en un mecanismo de presión o retaliación contra funcionarios, especialmente jóvenes profesionales que ejercen cargos técnicos y que pueden ser más vulnerables a campañas de desprestigio.
La otra cara de la historia: trabajadores que sí conviven con el jefe jurídico
En contraste con el comunicado sindical, un grupo de servidores, contratistas y colaboradores de CORPONARIÑO presentó una carta formal, voluntaria y firmada, para relatar su experiencia directa con el jefe jurídico. El documento, que sí constituye un testimonio verificable, sostiene que:
no han observado abuso de autoridad, no han evidenciado maltrato ni persecución laboral, no han visto retrasos injustificados, no conocen actos irregulares en su gestión y destacan que el funcionario ha sido diligente, claro y respetuoso.
Los firmantes son contundentes:“Rechazamos el uso de afirmaciones generales, subjetivas o basadas en comentarios informales para cuestionar el desempeño de un funcionario.” También piden que cualquier evaluación se haga con base en pruebas reales, no en percepciones.
La acusación sin evidencia no solo afecta la imagen de la entidad:puede destruir la trayectoria de un profesional sin que exista una falta comprobada.En el sector público, donde los procesos son lentos, las hojas de vida son públicas y la reputación es decisiva, un señalamiento infundado puede generar: estigmatización laboral, daño emocional, limitaciones futuras para contratar, pérdida de confianza interna, incluso renuncias forzadas.
No hay reparación eficaz para la difamación interna, ni para el daño moral, ni para la desinformación institucional.
El reto para CORPONARIÑO y los entes de control
Ante esta controversia, el llamado no es a silenciar las denuncias, sino a elevar su estándar: que las denuncias se sustenten en pruebas, no en rumores, que los reclamos se documenten, no se improvisen, que los cuestionamientos se basen en hechos, no en percepciones y que la crítica mantenga su legitimidad y no se convierta en herramienta de persecución.
Los entes de control investigan realidades comprobables, no comentarios informales.Y las entidades públicas no pueden permitir que la denuncia sin fundamento se convierta en un mecanismo de intimidación.
La discusión abierta en CORPONARIÑO no solo revela un conflicto interno, sino un fenómeno más amplio:
la desinformación laboral, las acusaciones sin prueba y la utilización de oficios formales para dar apariencia de veracidad a rumores internos.
Si se normaliza este tipo de prácticas, cualquier profesional podría ser deslegitimado, atacado o señalado sin que exista un hecho real que lo sustente.
La institucionalidad se protege con verdad, evidencias y rigor. No con rumores. No con supuestos. No con palabras que no pueden sustentarse. Porque en el Estado Social de Derecho, lo que no puede demostrarse, no existe.