Por: Carlos Eduardo Lagos
Pasto y los demás municipios de Nariño son territorios de profunda vocación trabajadora, comercial y productiva, históricamente marcados por la economía popular y el esfuerzo familiar. Sin embargo, también es un departamento donde la informalidad ha dejado de ser una etapa transitoria para convertirse en una condición estructural. En ese contexto, resulta preocupante que desde el Gobierno nacional se presente el crecimiento de la ocupación informal como un indicador exitoso de generación de empleo.
No toda ocupación es empleo, ni todo ingreso es desarrollo. En Pasto, Tumaco, Ipiales y buena parte del territorio nariñense, miles de personas subsisten a través del trabajo por cuenta propia, el comercio informal, los servicios ocasionales y pequeños emprendimientos no formalizados. Estas actividades permiten sobrevivir, pero no garantizan estabilidad, protección social ni proyección productiva. Contarlas como “empleo creado” puede mejorar las cifras oficiales, pero empobrece el diagnóstico real de la economía regional.
El problema no es la autonomía laboral ni el emprendimiento popular; el problema es la ausencia de un sistema que permita que estas actividades se integren a la formalidad sin ser asfixiadas. Cuando la informalidad se normaliza, se debilita la base tributaria departamental y municipal, se reduce la capacidad de inversión pública y se consolida una competencia desleal frente a quienes sí cumplen las normas laborales, ambientales y fiscales.
Nariño no necesita que la informalidad sea celebrada como logro, sino una política activa de tránsito hacia la formalidad, como lo planteó en su momento la Ley 1429 de 2010: progresividad, acompañamiento institucional, alivios iniciales y capacitación. La formalización no es únicamente un asunto laboral; implica también responsabilidad social empresarial, cumplimiento ambiental, seguridad jurídica y sostenibilidad económica para los territorios.
Además, la informalidad tiene efectos sociales silenciosos pero profundos: como la ausencia de pensión futura, presión permanente sobre el sistema de salud subsidiado, baja productividad y precarización del tejido productivo urbano y rural. Un departamento que no formaliza su economía termina hipotecando su futuro y perpetuando la dependencia y la desigualdad regional.
Medir bien importa. Gobernar bien exige distinguir entre sobrevivir y progresar. Nariño merece políticas públicas que conviertan el esfuerzo diario de su gente en desarrollo real, y no en simples estadísticas complacientes.
