Por: Alina Constanza Silva
La frontera volvió a hacer lo que históricamente le ha tocado: alzar la voz cuando desde los escritorios del poder se toman decisiones que no se viven en carne propia.
El reciente manifiesto firmado por las Cámaras de Comercio de Tulcán, Ibarra, Ipiales, Pasto y Tumaco no es un documento diplomático más. Es, en esencia, un llamado de auxilio elegante, escrito con respeto institucional, pero cargado de una advertencia clara: los aranceles del 30 % impuestos por Ecuador a los productos colombianos y la respuesta espejo de Colombia pueden convertirse en un golpe directo al corazón económico y social de la frontera.
Quien no conoce la frontera cree que el comercio binacional es una estadística. Para quienes viven allí, es la nevera llena, el empleo diario, el transporte que rueda y el pequeño negocio que sobrevive. Subir un 30 % los costos de entrada y salida de mercancías no es una medida abstracta: es hacer más caro vivir.
El comunicado acierta en algo fundamental: reconoce la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, y no la minimiza. Eso es clave. Nadie en la frontera desconoce la gravedad del momento que vive Ecuador ni la necesidad de proteger la soberanía. Pero el documento pone el dedo en la llaga cuando advierte que combatir el crimen no puede implicar asfixiar la economía legal, porque cuando se castiga al comercio formal, el contrabando siempre encuentra la puerta abierta.
La historia ya lo ha demostrado:
más impuestos, más pasos ilegales;
más trabas, más economías clandestinas;
menos comercio formal, más riesgo e inseguridad.
La frontera no funciona como Bogotá ni como Quito. Aquí no hay grandes colchones financieros. Aquí el impacto se siente de inmediato: menos ventas, menos empleo, alza de precios y mayor informalidad. Y eso, paradójicamente, termina debilitando la misma seguridad que se quiere fortalecer.
El valor político del manifiesto está en su tono. No amenaza. No confronta. Propone. Pide coordinación binacional, mesas de diálogo, evaluación integral del impacto y muy importante recuperar el Gabinete Binacional Colombia–Ecuador como escenario real de solución, no como una figura decorativa que se activa solo en las fotos oficiales.
Este comunicado deja un mensaje incómodo para ambos gobiernos: las decisiones nacionales tienen consecuencias locales, y cuando esas consecuencias no se miden, quienes pagan el precio son los territorios históricamente olvidados.
La frontera no está pidiendo privilegios. Está pidiendo sentido común.
No está pidiendo impunidad. Está pidiendo inteligencia estratégica.
No está pidiendo subsidios. Está pidiendo diálogo antes del daño.
Si los gobiernos no escuchan este llamado, el riesgo no es solo económico. Es social y político. Porque una frontera empobrecida, informal y tensionada nunca será una frontera segura.
Hoy la frontera habló con respeto.
Mañana, si no hay respuestas, hablará con consecuencias.
