Por: Alina Constanza Silva
Por más de veinte años he visto pasar reformas, decretos y discursos que prometen equidad territorial. Pero pocas decisiones resultan tan sensibles y tan contradictorias como la reciente apuesta del Gobierno nacional por centralizar en Bogotá recursos que históricamente han sido el oxígeno financiero de los departamentos: las regalías y, de manera indirecta, los ingresos asociados al consumo de licores y cigarrillos, base del financiamiento de la salud, la educación y el deporte en las regiones.
Para decirlo sin rodeos: cuando el poder central retiene esos recursos, no está optimizando el gasto; está desfinanciando a los departamentos. En Nariño esto no es una abstracción técnica. Se traduce en hospitales con menos margen para operar, en colegios sin recursos complementarios y en gobiernos departamentales obligados a mendigar en Bogotá lo que antes podían planear y ejecutar con autonomía.
La paradoja es evidente. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, ha sido considerado uno de los aliados políticos más claros del presidente Petro en el país. Un aliado que apostó por el proyecto de cambio, por la paz territorial y por una relación de confianza con la Casa de Nariño. Sin embargo, la recentralización rompe ese supuesto pacto político: alinear el discurso no garantiza respaldo fiscal. Y sin recursos, la gobernabilidad regional se convierte en una ficción.
El comunicado reciente de los gobernadores, reunidos en la Federación Nacional de Departamentos, no es una pataleta política. Es una advertencia institucional. Hablan de autonomía fiscal, de sostenibilidad financiera y de la posibilidad real de aplicar una excepción de inconstitucionalidad frente al Decreto 1474 de 2025, que aumenta el impuesto al consumo y eleva el IVA del 5% al 19%. No es menor: ese incremento golpea directamente la caja departamental y, por extensión, los servicios esenciales.
Que el gobernador de Nariño haga parte de la comisión que acudirá a la Corte Constitucional marca un punto de quiebre. No es oposición ideológica; es defensa del territorio. También lo es exigir respeto frente a descalificaciones desde el alto gobierno y reclamar, en medio de una grave ola de violencia, garantías mínimas de seguridad y gobernanza.
En regiones como Nariño, Cauca o Chocó, centralizar recursos mientras persisten el control armado, el confinamiento y el miedo, es una ecuación peligrosa. El Estado se retira fiscalmente y pretende compensar con decretos lo que solo se sostiene con presencia real.
La pregunta de fondo es política y ética: ¿puede un gobierno que se dice descentralista debilitar a los territorios? En Nariño, la respuesta se siente en el día a día. Y cuando las regiones se asfixian, ningún proyecto nacional por más noble que se proclame logra sostenerse.
