La política de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro enfrenta una creciente ola de cuestionamientos por parte de autoridades locales y de la Fiscalía, en medio de decisiones que han generado preocupación sobre el manejo de la seguridad y la legalidad en el país.
El foco de la controversia se centra en la suspensión de órdenes de captura contra varios cabecillas de estructuras criminales, a quienes el Gobierno reconoció como “gestores de paz” con el objetivo de facilitar acercamientos y eventuales procesos de sometimiento. No obstante, la fiscal general Luz Adriana Camargo decidió reactivar algunas de estas órdenes al considerar que existían vacíos jurídicos y riesgos para la institucionalidad.
La medida desató una reacción inmediata de distintos mandatarios locales. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó la decisión al señalar que envía un mensaje equivocado frente a la lucha contra el crimen. En la misma línea, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que este tipo de medidas podría terminar fortaleciendo a las organizaciones ilegales.
En el plano político, la polémica ha terminado impactando directamente a Iván Cepeda, una de las figuras más visibles del oficialismo y defensor de los procesos de paz. Sus opositores han intensificado las críticas, intentando vincularlo con las decisiones del Gobierno en materia de seguridad y negociación con grupos armados.
Cepeda, por su parte, ha rechazado los señalamientos y ha defendido la necesidad de buscar salidas negociadas al conflicto, insistiendo en que las acusaciones en su contra responden a intereses políticos en medio del ambiente preelectoral.
La controversia se produce en un momento clave para el país, marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales de 2026, lo que ha elevado la tensión política y ha convertido la estrategia de “paz total” en uno de los temas centrales del debate nacional.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que el objetivo sigue siendo reducir la violencia y avanzar hacia una solución integral del conflicto, aunque las críticas evidencian los desafíos jurídicos y políticos que enfrenta esta ambiciosa apuesta.
