El panorama de la salud en Colombia ha alcanzado un punto de ebullición. Durante un reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro lanzó una sentencia que sacudió los cimientos del sector: «Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera, ya no tenemos alternativas». Esta declaración surge como respuesta directa a la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de suspender el decreto que pretendía trasladar a seis millones de usuarios hacia la Nueva EPS, una medida que el mandatario calificó como una «política de atranque».
Jurídicamente, el jefe de Estado posee la potestad legal para proceder con estas liquidaciones a través de la Superintendencia de Salud. Sin embargo, los expertos advierten que el camino está minado de riesgos sistémicos. Aunque el Consejo de Estado aclaró que las EPS pueden usar recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para sanear deudas de vigencias anteriores, esta posibilidad no ha sido suficiente para frenar el deterioro financiero. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, señala que las aseguradoras intervenidas acumulan un patrimonio negativo de $14 billones, una cifra que califica como «imposible de corregir» sin inversión externa, algo improbable en el clima actual de incertidumbre.
La gran interrogante que surge es por qué, si existe la facultad legal y las causales financieras, el Gobierno no ha procedido con la liquidación total. La respuesta reside en la capacidad operativa del sistema. Actualmente, no existen EPS sólidas con la infraestructura necesaria para absorber a los más de 23 millones de afiliados que suman las entidades intervenidas, como Sanitas, Famisanar o la propia Nueva EPS. El antecedente de Saludcoop en 2016, cuya desaparición derivó en el colapso posterior de sus sucesoras, Cafesalud y Medimás, sirve como una advertencia histórica sobre los peligros de las liquidaciones masivas sin un receptor fuerte.
Ante este bloqueo, la estrategia de Petro es doble. Por un lado, ordenó al Ministerio de Hacienda tramitar el CONFIS para sanear las deudas de la Nueva EPS y evitar su propia liquidación. Por otro lado, anunció que el próximo 20 de julio radicará nuevamente la reforma a la salud junto con una reforma tributaria, apostando a que el nuevo Congreso valide su modelo preventivo regional.
Mientras la batalla legal y política continúa, la incertidumbre recae sobre el 43% de la población colombiana. La posibilidad de una liquidación en cadena no es solo un trámite administrativo; representa un desafío logístico sin precedentes que podría interrumpir tratamientos vitales y la entrega de medicamentos. El tiempo dirá si las palabras del presidente son una orden definitiva de ejecución o una herramienta de presión para forzar el avance de su agenda legislativa.
