¿Cuál es el conflicto?
El Pacto Histórico, coalición de partidos de izquierda en Colombia, buscaba realizar una consulta interna el 26 de octubre de 2025 para definir su candidato presidencial (entre Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho) y también conformar listas al Congreso.
El problema surgió porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) condicionó la personería jurídica de la coalición: aprobó la fusión de algunos partidos, pero dejó por fuera a movimientos clave como Colombia Humana y Progresistas, lo que impedía que dichos movimientos participaran plenamente bajo la estructura legal del Pacto Histórico.
Debido a esto, algunos precandidatos presentaron acciones legales (tutelas) argumentando que dichos condicionamientos vulneraban sus derechos fundamentales: a la participación política, a la igualdad y al debido proceso.
Decisiones judiciales y cambios
- El Tribunal Superior de Bogotá emitió una medida cautelar (el 25 de septiembre) que obligó a la Registraduría a permitir la inscripción de todos los precandidatos del Pacto Histórico para la consulta, suspendiendo parcialmente la resolución del CNE que exigía que la personería jurídica estuviera “en firme” ante procesos sancionatorios.
- Pero luego, el tribunal derogó esa medida cautelar, declarando improcedente la tutela que la sustentaba, lo que dejó sin efectos las inscripciones que se habían adelantado bajo ese amparo. Esto significa que legalmente se interrumpe la vía que permitía asegurar la realización plena de la consulta interna.
Derechos en disputa
Los derechos que los precandidatos reclaman que se están viendo afectados son:
- Derecho a la participación política: la capacidad de todos los movimientos y personas que integran el Pacto Histórico de inscribirse como precandidatos y participar en los procesos de selección interna.
- Derecho a la igualdad: que no haya barreras legales arbitrarias que favorezcan a unos movimientos dentro del Pacto en perjuicio de otros. Por ejemplo, que esos movimientos excluidos no puedan usar la misma personería o estructura legal.
- Debido proceso: los precandidatos/fuerzas políticas alegan que los procesos sancionatorios pendientes no deberían impedirles ejercer sus derechos sin darles la oportunidad de defenderse, agotar recursos ordinarios o que exista una decisión firme.
Consecuencias prácticas
- Al quedar sin efectos la medida cautelar, no está claro si la consulta del 26 de octubre podrá realizarse bajo las condiciones que tenía.
- La incertidumbre jurídica ha generado tensión interna en el Pacto Histórico, tensión con el CNE y la Registraduría, además de movilización política para lograr que se respete lo que los miembros de la coalición consideran su derecho a competir.
- En medio de este escenario, líderes del Pacto Histórico han denunciado lo que consideran un “golpe contra la democracia” o un intento de impedir la cohesión de la izquierda.