El sistema penitenciario en Colombia enfrenta una de sus peores crisis de los últimos años. El informe de empalme entregado al gobierno entrante revela un panorama marcado por el hacinamiento en las cárceles, el déficit de personal del Inpec, presuntas irregularidades administrativas y múltiples investigaciones disciplinarias que comprometen el funcionamiento de los establecimientos de reclusión.
Hacinamiento y déficit de personal agravan la crisis carcelaria
De acuerdo con el documento, las cárceles del país registran un hacinamiento del 27,1 %, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de la población privada de la libertad sin que exista la infraestructura necesaria para atenderla.
El informe también advierte que el sistema presenta un déficit cercano a 12.000 guardianes del Inpec, situación que limita las labores de vigilancia, afecta la seguridad en los establecimientos penitenciarios y dificulta el control interno.
A este panorama se suman 306 irregularidades detectadas por organismos de control, además de miles de procesos disciplinarios pendientes e investigaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Hallazgos evidencian problemas estructurales
El reporte de empalme señala además fallas administrativas, debilidades en los mecanismos de control interno, inconsistencias en procesos de contratación y problemas en la gestión de recursos públicos.
Según el documento, estas deficiencias han impactado el funcionamiento del sistema penitenciario colombiano y evidencian la necesidad de implementar correctivos que permitan recuperar la capacidad institucional y mejorar las condiciones de los centros de reclusión.
Nuevo gobierno anuncia reforma al sistema penitenciario
Frente a este diagnóstico, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, aseguró que la nueva administración impulsará una transformación del sistema carcelario colombiano.
El abogado explicó que la estrategia contempla una política de «mano dura», la construcción de megacárceles y una revisión integral de las condiciones en las que permanecen las personas privadas de la libertad.
Cancino afirmó que el propósito será recuperar el control de los establecimientos penitenciarios, fortalecer la seguridad y atender problemas estructurales como el hacinamiento, la falta de infraestructura y las dificultades operativas que afectan al sistema desde hace varios años.
Con este panorama, la crisis de las cárceles en Colombia se perfila como uno de los principales desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno en materia de justicia y seguridad.
