Sudán del Sur atraviesa uno de los momentos más delicados desde su independencia. Mientras el Gobierno mantiene previstas para diciembre de 2026 las primeras elecciones nacionales desde la creación del país en 2011, una comisión de investigación respaldada por Naciones Unidas advierte que el deterioro político, militar y humanitario podría desembocar en una nueva escalada de violencia y aumentar el riesgo de crímenes atroces.
La advertencia fue difundida el 20 de agosto de 2026 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre Sudán del Sur, que señaló que varios factores asociados con la comisión de atrocidades están coincidiendo al mismo tiempo: la reanudación de los enfrentamientos armados, el debilitamiento de las instituciones, la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, la reducción del espacio cívico y la exclusión de sectores de la población de la participación política.
La preocupación internacional no se limita a que las elecciones puedan ser difíciles de organizar. El principal temor es que una competencia electoral sin garantías suficientes termine convirtiéndose en un nuevo escenario de confrontación entre las fuerzas políticas y militares del país.
La Comisión considera que el margen para impedir una repetición de las atrocidades y desplazamientos masivos registrados durante la guerra civil de 2013 a 2018 se está reduciendo, aunque todavía existe la posibilidad de evitar una nueva catástrofe.
Un país que todavía no ha logrado cerrar las heridas de la guerra
Sudán del Sur obtuvo su independencia de Sudán en julio de 2011, después de décadas de conflictos y de un proceso de autodeterminación respaldado por una amplia mayoría de la población.
Sin embargo, la independencia no significó el final de la violencia.
En diciembre de 2013 estalló una guerra civil vinculada principalmente a la disputa política entre el presidente Salva Kiir y su entonces vicepresidente Riek Machar, aunque el conflicto adquirió rápidamente dimensiones étnicas, territoriales y militares.
La confrontación provocó asesinatos masivos, desplazamientos, violencia sexual y una profunda destrucción de las estructuras económicas y sociales. Organizaciones internacionales estiman que cientos de miles de personas murieron durante los años más intensos del conflicto y millones tuvieron que abandonar sus hogares.
En 2018, las partes enfrentadas firmaron el Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur, conocido como R-ARCSS, con el objetivo de establecer un gobierno de transición, integrar las fuerzas militares rivales y preparar una nueva etapa política que culminara en elecciones.
Pero la aplicación del acuerdo ha sido incompleta.
La propia Comisión de Derechos Humanos de la ONU sostiene que casi la mitad de las disposiciones fundamentales del acuerdo todavía no se han implementado, incluida una de las cuestiones más sensibles: la unificación de las fuerzas de seguridad.
Esta situación resulta especialmente peligrosa porque significa que las rivalidades políticas siguen teniendo detrás estructuras armadas capaces de convertirse nuevamente en instrumentos de confrontación.
¿Por qué las elecciones de diciembre generan preocupación?
Las elecciones estaban originalmente previstas para años anteriores, pero fueron aplazadas en repetidas ocasiones debido a la falta de condiciones políticas, institucionales y de seguridad.
En septiembre de 2024, las autoridades anunciaron una nueva extensión del periodo de transición, trasladando los comicios a diciembre de 2026.
El objetivo declarado era disponer de más tiempo para implementar las disposiciones pendientes del acuerdo de paz y preparar las instituciones necesarias para una votación nacional.
Ahora, sin embargo, el país se acerca a esa fecha mientras persisten importantes obstáculos.
La ONU ya había advertido meses atrás que la preparación electoral avanzaba con dificultades y que unas elecciones creíbles y pacíficas parecían cada vez más improbables si no se producía un nuevo compromiso político entre los dirigentes sursudaneses.
La Comisión de Derechos Humanos fue todavía más contundente en su advertencia de agosto de 2026: celebrar elecciones sin las garantías necesarias podría agravar las divisiones existentes en lugar de resolverlas.
El problema no es necesariamente la celebración de elecciones en sí misma. Para los investigadores, el riesgo está en realizar una competencia electoral en un entorno donde todavía existen grupos armados, instituciones debilitadas, restricciones al espacio político y mecanismos de justicia insuficientes.
La violencia ya ha regresado a varias regiones
La advertencia internacional tampoco parte de una situación de estabilidad.
Desde 2025 se han producido nuevos enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y grupos opositores en diferentes zonas del territorio.
Informes de Naciones Unidas han documentado combates particularmente graves en Jonglei, Alto Nilo y Unity, además de enfrentamientos y episodios de violencia en partes de Equatoria Occidental y Equatoria Central.
La situación ya había comenzado a deteriorarse antes de que se acercara la actual etapa electoral.
Según registros citados por la Comisión de Derechos Humanos, entre agosto de 2025 y enero de 2026 se documentaron 407 violaciones del alto el fuego.
La violencia no solamente afecta a combatientes.
La población civil se encuentra atrapada entre operaciones militares, enfrentamientos entre grupos armados, conflictos comunitarios y desplazamientos provocados por la inseguridad.
La ONU ha advertido que la combinación de estos factores puede generar nuevas oleadas de desplazamiento y dificultar todavía más la prestación de asistencia humanitaria.
El caso de Riek Machar aumenta la tensión política
Uno de los principales focos de tensión es la situación de Riek Machar, antiguo vicepresidente y principal rival político de Salva Kiir.
Machar fue puesto bajo arresto domiciliario en marzo de 2025 y posteriormente enfrentó un proceso judicial especial. La situación generó nuevas preocupaciones sobre el futuro del acuerdo de paz y sobre la posibilidad de que las instituciones políticas sean utilizadas para profundizar la confrontación.
Naciones Unidas ha advertido que la detención y el juicio de dirigentes vinculados al Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en Oposición —SPLM/A-IO— han contribuido a aumentar la polarización política. También ha señalado que la aplicación de las disposiciones de seguridad del acuerdo de paz permanece estancada.
La situación es especialmente sensible porque Machar continúa siendo una figura central dentro de una parte importante de la oposición.
Su exclusión del proceso político o la percepción de que no existen condiciones para una competencia política abierta podrían alimentar la desconfianza entre los sectores enfrentados.
Una crisis humanitaria que se agrava
A la crisis política se suma una situación humanitaria extremadamente frágil.
Naciones Unidas estima que alrededor de 10 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria en Sudán del Sur durante 2026, mientras que más de 7,5 millones enfrentan niveles elevados de inseguridad alimentaria aguda.
Esto significa que una nueva escalada militar no tendría lugar sobre una población estable y con suficientes recursos para absorber el impacto.
Por el contrario, millones de personas ya dependen de la asistencia humanitaria para acceder a alimentos, servicios médicos, agua y protección.
El país también continúa recibiendo a personas que huyen de la guerra en el vecino Sudán, conflicto iniciado en abril de 2023. Naciones Unidas había señalado que más de 1,2 millones de personas habían cruzado hacia Sudán del Sur desde el inicio de esa guerra, aumentando la presión sobre un sistema humanitario que ya se encontraba debilitado.
La combinación de desplazamiento interno, llegada de refugiados, inseguridad alimentaria y violencia hace que cualquier nuevo enfrentamiento pueda producir consecuencias mucho mayores.
Los trabajadores humanitarios también están siendo atacados
Uno de los indicadores más preocupantes del deterioro de la situación es el aumento de los ataques contra quienes intentan prestar asistencia.
Según datos comunicados por Naciones Unidas en agosto, 36 trabajadores humanitarios y contratistas habían sido asesinados en Sudán del Sur desde enero de 2026, una cifra que ya supera los 31 trabajadores muertos durante todo 2025.
Además, entre enero y julio se registraron más de 450 incidentes de violencia contra personal o bienes humanitarios, más del doble de los contabilizados durante el mismo periodo del año anterior.
Estos ataques tienen un efecto que va mucho más allá de las víctimas directas.
Cuando una organización humanitaria considera demasiado peligroso trabajar en una determinada región, puede verse obligada a retirar a su personal o reducir sus operaciones.
Eso significa que comunidades que ya tienen dificultades para conseguir alimentos o atención médica pueden quedar prácticamente aisladas.
La propia ONU ha insistido en que las autoridades sursudanesas y todos los firmantes del acuerdo de paz deben garantizar la protección de los trabajadores humanitarios y permitir un acceso seguro y sin obstáculos a las poblaciones necesitadas.
¿Existe riesgo de una nueva guerra civil?
Los investigadores internacionales no están afirmando que una nueva guerra civil sea inevitable.
La advertencia es diferente: los factores que históricamente han permitido que la violencia política se transforme en una confrontación de gran escala están volviendo a aparecer al mismo tiempo.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU identifica entre ellos:
- Reanudación de conflictos armados.
- Debilitamiento de las instituciones estatales.
- Impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.
- Exclusión política.
- Corrupción.
- Reducción del espacio para la sociedad civil.
- Retórica política inflamatoria.
- Debilitamiento de los mecanismos de vigilancia del alto el fuego.
- Falta de avances suficientes en la reforma del sector de seguridad.
- Ausencia de mecanismos de justicia efectivos.
La Comisión considera especialmente preocupante que estos elementos no estén ocurriendo de manera aislada, sino que se refuercen entre sí.
En otras palabras, un enfrentamiento localizado podría provocar nuevos desplazamientos; los desplazamientos podrían aumentar la presión sobre las comunidades receptoras; la presión económica y social podría alimentar conflictos comunitarios; y la proximidad de las elecciones podría convertir esas tensiones en disputas políticas de carácter nacional.
El peligro de convertir las elecciones en otro campo de batalla
Para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, los ciudadanos de Sudán del Sur tienen derecho a votar después de 15 años de independencia.
El problema es que una elección no se vuelve democrática simplemente porque se celebre en la fecha prevista.
Para que el proceso sea creíble se necesitan garantías para que los candidatos puedan participar, los ciudadanos puedan expresarse y reunirse sin miedo, los medios puedan trabajar, las instituciones electorales funcionen y los resultados puedan ser impugnados mediante mecanismos legales.
Sin esas condiciones, una derrota electoral puede ser interpretada por alguno de los sectores políticos como una amenaza existencial.
Y en un país donde todavía existen actores armados, una disputa electoral podría trasladarse rápidamente de las instituciones a las calles o al campo de batalla.
La Comisión ha advertido precisamente sobre esta posibilidad y sostiene que las elecciones deberían servir para sustituir la confrontación armada por la competencia política, no convertirse en un nuevo escenario de violencia.
La situación también preocupa al Consejo de Seguridad
El deterioro de Sudán del Sur ha sido objeto de reiteradas discusiones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En febrero de 2026, informes presentados al organismo señalaron que el alto el fuego había sufrido graves violaciones desde marzo de 2025 y que se habían registrado enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y el SPLM/A-IO en seis de los diez estados del país y en tres áreas administrativas.
Durante diciembre de 2025 se documentaron 76 presuntas violaciones del alto el fuego, 21 incidentes de hostilidades y 25 episodios de violencia contra civiles y actores humanitarios. En enero de 2026, las cifras aumentaron.
La dimensión territorial de la violencia demuestra que no se trata exclusivamente de un problema localizado en la capital, Juba.
El factor regional: la guerra en Sudán
Sudán del Sur tampoco puede analizarse de manera aislada.
Al norte del país continúa la guerra en Sudán, una confrontación que ha provocado millones de desplazados y que tiene consecuencias económicas, comerciales y humanitarias directas sobre su vecino.
El conflicto sudanés ha provocado una llegada masiva de refugiados a Sudán del Sur y ha puesto bajo presión las rutas comerciales, las comunidades fronterizas y los sistemas de ayuda.
Además, Sudán del Sur depende de infraestructuras relacionadas con la exportación de petróleo que atraviesan territorio sudanés, por lo que la inestabilidad en el país vecino también puede afectar sus ingresos y su capacidad para financiar servicios públicos.
Por ello, una nueva crisis interna en Sudán del Sur podría producirse mientras el entorno regional ya se encuentra profundamente desestabilizado.
Una crisis económica que limita la respuesta del Estado
La debilidad económica constituye otro elemento importante.
Sudán del Sur depende fuertemente del petróleo, pero la guerra en Sudán ha afectado las rutas utilizadas para transportar su producción y ha agravado los problemas financieros del país.
La escasez de recursos dificulta el funcionamiento de las instituciones públicas, la prestación de servicios básicos y la capacidad del Estado para responder ante desplazamientos y emergencias.
Al mismo tiempo, las organizaciones humanitarias enfrentan importantes déficits de financiación.
En agosto de 2026, Naciones Unidas y agencias de ayuda alertaron de que más de 650.000 refugiados y solicitantes de asilo en Sudán del Sur corrían el riesgo de perder acceso a alimentos, nutrición y otros servicios esenciales debido a la falta de fondos.
Esto crea un círculo peligroso: la violencia genera necesidades humanitarias, las necesidades aumentan el costo de la respuesta y la falta de financiación reduce la capacidad de atenderlas.
¿Qué tendría que ocurrir para reducir el riesgo?
Los organismos internacionales insisten en que todavía existe margen para evitar una nueva catástrofe.
Uno de los principales pasos sería recuperar el diálogo político inclusivo entre el Gobierno, la oposición y otros sectores de la sociedad sursudanesa.
También resulta fundamental avanzar en la implementación del acuerdo de paz de 2018, especialmente en las disposiciones relacionadas con la seguridad, la justicia, la elaboración de una constitución permanente y la organización de elecciones creíbles.
Naciones Unidas ha pedido además que se reactiven mecanismos de diálogo y cooperación entre el Gobierno, la Unión Africana, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo —IGAD— y otros actores internacionales involucrados en el proceso de paz.
La Comisión de Derechos Humanos considera igualmente necesario fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y garantizar la participación política de los sectores que actualmente se encuentran marginados.
El tiempo se agota antes de diciembre
El principal mensaje de los investigadores internacionales no es que Sudán del Sur esté condenado inevitablemente a regresar a la guerra.
Es que la combinación actual de violencia, fragilidad institucional, crisis humanitaria y tensión política está creando un escenario cada vez más peligroso.
Las elecciones de diciembre de 2026 podrían representar un momento histórico para el país: serían las primeras elecciones nacionales desde su independencia y, potencialmente, el cierre de una transición política que se ha prolongado durante años.
Pero también podrían convertirse en un detonante si se realizan sin las condiciones necesarias.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU considera que los indicadores de riesgo asociados con crímenes atroces están convergiendo y que la ventana para evitar una repetición de la violencia de 2013-2018 se está cerrando.
Por eso, el desafío para Sudán del Sur no consiste únicamente en llegar a las urnas.
El verdadero reto será conseguir que la política sustituya a las armas como mecanismo para resolver las disputas por el poder.
Con millones de personas necesitadas de asistencia, cientos de miles de desplazados y refugiados, enfrentamientos activos y trabajadores humanitarios asesinados, cualquier nueva escalada tendría consecuencias devastadoras.
A pocos meses de los comicios, la advertencia internacional es clara: las elecciones pueden ser una oportunidad para iniciar una nueva etapa democrática, pero si se celebran sin garantías políticas, institucionales y de seguridad, también podrían profundizar una crisis que el país todavía no ha conseguido superar.
