Germán Francisco Pertuz González, gerente./foto: archivo particular.
El Hospital Universitario San Rafael de Tunja suspendió la atención de medicina externa, procedimientos y citas con especialistas para pacientes afiliados a Nueva EPS, debido a las obligaciones económicas pendientes que la entidad mantiene con la institución.
Dificultades financieras
La decisión vuelve a poner en evidencia las dificultades financieras que enfrenta la ESE y genera preocupación por las posibles afectaciones en el acceso oportuno a los servicios de salud de los usuarios.
La situación también revive el debate sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia con radicado 2018-209, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se establecieron medidas dirigidas a atender diferentes problemáticas relacionadas con la prestación de servicios en el Hospital San Rafael.
Entre las disposiciones se encuentra la orden al Ministerio de Salud y Protección Social de evaluar políticas y estrategias para garantizar una atención eficiente, oportuna e integral en consulta externa y especializada. A la ESE se le estableció un plazo para realizar estudios que permitieran determinar las necesidades de infraestructura y talento humano frente a la demanda de servicios. Asimismo, la sentencia contempló obligaciones para la Superintendencia Nacional de Salud en materia de vigilancia y control, así como para la Secretaría de Salud de Boyacá, a la que correspondía adelantar acciones relacionadas con la depuración y saneamiento de la cartera que las EPS mantienen con el hospital.
La actual suspensión de servicios para afiliados de Nueva EPS plantea interrogantes sobre el avance y cumplimiento efectivo de estas medidas, particularmente frente al manejo de las obligaciones financieras que afectan la operación de la institución. También existen cuestionamientos sobre el seguimiento judicial al cumplimiento del fallo. Según los señalamientos expuestos alrededor del proceso, el Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja, encargado de conocer su ejecución, no habría adoptado durante un periodo prolongado decisiones de fondo frente a la situación.
No obstante, la determinación de eventuales incumplimientos y responsabilidades corresponde a las autoridades competentes, dentro de los procedimientos establecidos. Mientras avanza la discusión institucional, los usuarios son los principales afectados por las dificultades para acceder a consultas, procedimientos y servicios especializados. La crisis vuelve a plantear la necesidad de que las entidades responsables adopten medidas efectivas para garantizar tanto la sostenibilidad financiera del hospital como la continuidad y oportunidad de la atención médica.
