Desde que comenzó la pandemia, alrededor de 800 instituciones educativas privadas han cesado actividades en Colombia, de acuerdo con reportes de la Asociación de Colegios Privados del país (Acopricol). Este panorama evidencia un problema estructural que trasciende los efectos inmediatos del COVID-19 y afecta a todo el territorio nacional.
En la capital, la situación también es alarmante. Solo durante 2025, 35 colegios privados cerraron sus puertas y la matrícula escolar en Bogotá descendió de casi un millón de estudiantes a menos de 800.000.
La principal causa de esta crisis es la disminución constante en el número de alumnos inscritos. Según cifras recopiladas por el diario La República, antes de la pandemia la mayoría de colegios privados trabajaban con niveles de ocupación entre el 90% y 95%. Actualmente, esa cifra apenas alcanza el 60%, poniendo en riesgo la viabilidad financiera de muchas instituciones. A esto se suma que numerosas familias, ante dificultades económicas, han optado por trasladar a sus hijos al sistema educativo público.
Otro factor clave es la caída en la tasa de natalidad. Datos del DANE indican que la fecundidad pasó de 2,1 hijos por mujer en 2015 a cerca de 1,3 en 2023. Esta reducción implica menos nacimientos y, en consecuencia, una menor demanda de cupos escolares.
Los jardines infantiles son los más afectados. El incremento del salario mínimo ha elevado considerablemente los costos operativos, aumentando el riesgo de cierres. Incluso colegios que figuraban entre los mejores 40 del país se han visto obligados a clausurar debido a la combinación de baja natalidad y reducción en la matrícula.
Este escenario representa un reto urgente para el sistema educativo colombiano, que deberá ajustarse a los cambios demográficos. Especialistas advierten que, si la tendencia continúa, en un plazo de cinco a diez años el país enfrentará una disminución histórica en el número de estudiantes, con impactos significativos en la cobertura y sostenibilidad de la educación privada.
