La crisis en el sistema de salud colombiano volvió a quedar en evidencia tras revelarse que la intervención estatal en las EPS Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS) no logró mejorar la atención a los usuarios. Por el contrario, informes de la Procuraduría General de la Nación indican que aumentaron las quejas, las acciones de tutela y los problemas en la entrega de medicamentos y asignación de citas médicas.
Las dos entidades fueron intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud con el objetivo de mejorar la prestación del servicio y estabilizar su situación financiera. Sin embargo, las inspecciones realizadas por el Ministerio Público concluyeron que la medida no cumplió con los resultados esperados y que los indicadores de atención se deterioraron durante el proceso.
Entre los principales problemas reportados por los afiliados se encuentran demoras en la asignación de citas médicas, negación o retrasos en procedimientos y dificultades para recibir medicamentos formulados. Estos inconvenientes se reflejan en el incremento de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) y en el aumento de tutelas interpuestas por los usuarios para acceder a servicios de salud.
En el caso de Savia Salud, las quejas crecieron de manera significativa después de la intervención. Para 2025 se registraron más de 93.000 peticiones y reclamos, lo que representó un incremento frente a los años anteriores. Las principales inconformidades están relacionadas con la falta de oportunidad en consultas médicas y la entrega tardía de medicamentos.
Una situación similar se evidenció en la EPS SOS, donde las quejas también aumentaron de forma considerable tras la intervención administrativa. Las autoridades detectaron barreras en el acceso a los servicios, problemas en autorizaciones médicas y dificultades en el suministro oportuno de tratamientos para los pacientes.
Ante estos hallazgos, la Procuraduría decidió abrir investigaciones disciplinarias contra varios interventores encargados de administrar las entidades. Además, ordenó la suspensión provisional por tres meses de dos de los funcionarios responsables mientras se esclarecen posibles irregularidades en la gestión.
El organismo de control busca determinar si los responsables de las intervenciones incumplieron sus funciones y si sus decisiones contribuyeron al deterioro del servicio y al aumento de los problemas para los afiliados. Mientras tanto, miles de pacientes continúan enfrentando dificultades para acceder de manera oportuna a la atención médica y a los medicamentos necesarios para sus tratamientos.
