La situación financiera de Nueva EPS volvió a encender las alarmas sobre el futuro del sistema de salud en Colombia, luego de conocerse los estados financieros que reflejan millonarias pérdidas, un patrimonio negativo y obligaciones que superan ampliamente la capacidad económica de la entidad. El panorama ha sido interpretado por distintos analistas como una muestra de los problemas estructurales que enfrenta el modelo de atención en el país.
De acuerdo con las cifras divulgadas, la EPS registró en 2023 pérdidas cercanas a los 6,6 billones de pesos, mientras que sus pasivos alcanzaron más de 12 billones de pesos, superando con creces el valor de sus activos. Aunque también fueron presentados los estados financieros correspondientes a 2024, estos aún generan dudas debido a que la revisión fiscal no pudo completar su proceso de verificación por la entrega tardía de la información.
El caso ha reabierto el debate sobre las causas de la crisis. Diversos sectores coinciden en que los problemas no son recientes y obedecen a años de dificultades administrativas, insuficiencia financiera y decisiones que no lograron corregir las fallas del sistema. A ello se suma la discusión sobre el monto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), recurso que el Estado gira por cada afiliado y que, según las EPS y la Corte Constitucional, resulta insuficiente para cubrir los costos reales de la atención médica.
El editorial de El Espectador sostiene que la crisis no puede atribuirse únicamente a un gobierno, sino que es consecuencia de problemas acumulados durante varios años. Asimismo, señala que durante la administración saliente tampoco se logró construir un consenso que permitiera avanzar hacia una solución integral, en medio de una confrontación permanente entre el Gobierno, las EPS y los demás actores del sector.
Los expertos advierten que el reto para el próximo Gobierno será garantizar la sostenibilidad financiera del sistema sin afectar la prestación de los servicios a millones de usuarios. Para ello será necesario recuperar la confianza entre los diferentes actores, fortalecer los mecanismos de financiación y promover acuerdos que permitan asegurar el acceso oportuno a medicamentos, tratamientos y atención médica en todo el país
