Por: Aníbal Arévalo Rosero
En los últimos días, todos los medios de comunicación nacionales se dedicaron a entretejer un novelón sobre el tema de la pérdida del dinero de la jefe de gabinete, Laura Sarabia, en su casa. Y con ello se derivan una serie de situaciones que las han servido para que el Fiscal General de la Nación acusara infiltrando las líneas telefónicas, como el memorable caso de las ‘chuzadas’.
El contenido del caso el país entero lo conoce de pe a pa por la cantidad de veces que lo han mencionado los medios de comunicación. El problema de fondo es que le dan tantas vueltas a un tema que no tiene representatividad para el pueblo colombiano, sirviendo de cortina de humo para uno de los casos verdaderamente representativo para el país como las confesiones que hiso el ex paramilitar Salvatore Mancuso, quien salpica a expresidentes, políticos y militares involucrados con el tema de las masacres y la ejecución extrajudicial de mandatarios regionales y gente inocente.
Con este caso mediático se le está ocultando la verdad al país, llevando a la tras escena los hechos verdaderamente trascendentes, como son las reformas que se tramitan en el Senado de la República. De todas maneras, ello implicó la salida de dos de sus funcionarios, como son la jefe de gabinete, Laura Sarabia, y el embajador de Venezuela, Armando Benedetti. Una decisión que era necesaria cuando hay funcionarios que son ruedas sueltas y no caminan de manera sincronizada con el plan de gobierno y el propósito del gobierno de ser el gobierno del cambio.
De todas maneras, los medios de comunicación tienen mal acostumbrada a la población colombiana a los escándalos y no se ocupan de temas verdaderamente trascendentes; de ahí nacen los paneles de opinión para darle la oportunidad a la oposición para que se refiera en términos peyorativos del presidente Gustavo Petro.
Ahí tenemos al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, atacando a la figura más importante del país para hacerse visible ante los medios de comunicación; entre ellas tenemos la acusación de la infiltración a las líneas telefónicas de la niñera y una empleada, que aparecieron involucradas con una lista del Clan del Gofo. Al respecto, según la declaración del policía de la Dijin, las escuchas se hicieron por la propia autorización de la Fiscalía General de la Nación, que está al mando de Francisco Barbosa. En otras palabras, el fiscal Barbosa autorizó las chuzadas, pero el agua sucia se la echa a Petro.
Claramente lo que vemos es que el fiscal busca es hacerse visible controvirtiendo al presidente Petro, haciéndose el perseguido, para despertar lástima de los colombianos. El fiscal evidentemente está en una campaña política, pues vemos que aspira a la Presidencia de la República buscando obtener réditos políticos mediante la condena de sus opositores.
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Pero lo que el fiscal no hace es presentarle el informe que está solicitando el presidente de la República sobre los resultados en las investigaciones de la impunidad reinante y la flexibilidad con la que se actúa frente a las muertes ocasionadas por los grupos criminales. El presidente lo ha insistido en repetidas veces que ha oficiado al fiscal, sin que este de una respuesta. El presidente lo dice que necesita el informe sobre impunidad para presentarlo a un alto funcionario de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
El país debe entender que los importante en este momento es apoyar las reformas de Gustavo Petro que se adelantan en el Congreso de la República, más que esas cortinas de humo que impulsan los medios de comunicación al servicio de una minoría que acumula riqueza. Es por ello el llamado a marchar este 7 de junio en apoyo a los proyectos del Gobierno del Cambio.