La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención en establecimiento carcelario de los congresistas recién reelegidos Wadith Manzur y Karen Manrique, en el marco del proceso por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión se produjo tras una votación de los conjueces Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, convocados para destrabar un empate sobre el llamado a juicio.
El alto tribunal también acusó por cohecho impropio a los congresistas Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez y Juan Pablo Gallo, así como al exrepresentante Juan Diego Muñoz, al considerar que recibieron beneficios a cambio de comprometer sus funciones dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y respaldar los planes de endeudamiento del Gobierno. Según el expediente, esas dádivas se relacionaban con apoyos políticos y contratos por 94.000 millones de pesos en municipios donde tenían caudal electoral, como Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar.
Las pruebas recopiladas en más de mil páginas incluyen interceptaciones, chats, registros de ingresos a ministerios y testimonios claves de exfuncionarios involucrados en el denominado saqueo a la UNGRD. En el proceso destacan las declaraciones del exdirector de la entidad Olmedo López y del exsubdirector Sneyder Pinilla, así como las de la exconsejera Sandra Ortiz y del exministro Luis Carlos Reyes, quienes detallaron reuniones y acuerdos para direccionar recursos con fines políticos.
Uno de los elementos más comprometedores proviene del teléfono celular de la exasesora de Hacienda María Alejandra Benavides, desde donde se habrían coordinado encuentros y negociaciones entre congresistas y altos funcionarios, incluidos los ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Entre las reuniones verificadas se encuentran un desayuno el 4 de octubre y un encuentro el 31 de octubre en la sede del Ministerio del Interior, eventos respaldados por registros de ingreso y cámaras de seguridad.
En declaración juramentada, el presidente Gustavo Petro afirmó que había sido informado de dificultades en la aprobación de proyectos económicos, pero negó conocer presiones o acuerdos irregulares. La ponencia también compulsó copias por nuevos hechos delictivos en contra de Manzur y Manrique, quienes permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso.
