La Corte Suprema de Estados Unidos falló este viernes a favor de que el expresidente Donald Trump pueda revocar el permiso de permanencia temporal que protegía a más de 500.000 migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. La medida representa un duro revés para la política migratoria del expresidente Joe Biden, quien había ampliado esta figura legal conocida como “parole humanitario”.
Con una votación de 7 magistrados a favor y 2 en contra, el alto tribunal respondió a una solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional, permitiendo que la Administración Trump anule este beneficio sin necesidad de evaluar caso por caso.
La jueza Ketanji Brown Jackson, una de las voces disidentes junto a Sonia Sotomayor, expresó en su escrito de desacuerdo que el fallo subestima las consecuencias humanas de la decisión. “El tribunal ha hecho un trabajo mal hecho con su dictamen hoy. No exige prácticamente nada al Gobierno y permite trastocar la vida y el sustento de medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales siguen pendientes”, escribió.
Dos caminos difíciles para los migrantes
Tras el fallo, los beneficiarios de este permiso enfrentan un escenario incierto. Según Jackson, tienen ahora dos opciones: salir del país y regresar a naciones en crisis, o quedarse en Estados Unidos de forma irregular, exponiéndose a una posible deportación inmediata.
El “parole humanitario” fue ampliado por Biden en enero de 2023 con el fin de reducir la migración irregular desde los países mencionados, que han sido protagonistas de crisis sociales, económicas y políticas en los últimos años.
Parte de una política más amplia
Este fallo llega apenas días después de otra decisión del Supremo que permitió a Trump revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de aproximadamente 350.000 venezolanos. En ese contexto, se ha alentado a los afectados a iniciar solicitudes de asilo, aunque el proceso es complejo y no garantiza resultados positivos.
Trump, quien ha regresado a la Casa Blanca con una agenda de línea dura contra la inmigración, también ha impulsado el polémico programa de “autodeportación”, en el que migrantes supuestamente abandonan el país de forma voluntaria. El primer vuelo de este tipo partió el pasado 19 de mayo desde Houston con 64 personas a bordo, incluyendo ciudadanos de Honduras y Colombia.
Sin embargo, expertos legales y organizaciones de derechos humanos advierten que este tipo de salidas dejan un historial migratorio negativo que podría perjudicar futuras solicitudes de ingreso legal. “La autodeportación no asegura un regreso fácil y deja huellas digitales, registros de rostro e inteligencia artificial que evidencian la permanencia indocumentada”, explicó el profesor Ernesto Castañeda, de American University.
¿Qué sigue?
Organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes han prometido continuar la lucha en los tribunales y ofrecer asesoría legal a los afectados, mientras la Administración Trump avanza con una de las políticas migratorias más duras en décadas.