La reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia de ordenar la devolución de $25.000 millones recaudados durante la emergencia económica decretada en diciembre de 2025 marca uno de los episodios más relevantes del pulso institucional entre el Gobierno y el alto tribunal en los últimos años.
El origen del conflicto se remonta a finales de 2025, cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró un estado de emergencia económica con el objetivo de enfrentar el déficit fiscal y recaudar cerca de 11 billones de pesos mediante nuevos impuestos.
Esta figura le permitía al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, lo que generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos y jurídicos.
El fallo de la Corte: inconstitucionalidad y efectos inmediatos
La Corte Constitucional declaró inexequible tanto el decreto que declaró la emergencia (Decreto 1390 de 2025) como el que estableció las medidas tributarias (Decreto 1474 de 2025).
Como consecuencia, el tribunal ordenó:
- Devolver los impuestos recaudados, tanto directos como indirectos, durante la vigencia de la medida.
- Suspender cualquier cobro o liquidación de estos tributos.
- Establecer mecanismos para que la DIAN realice las devoluciones en un plazo aproximado de 30 días.
El monto estimado a devolver asciende a $25.000 millones, correspondientes a lo recaudado mientras el decreto estuvo en vigor.
Además, el fallo tiene efectos retroactivos, lo que lo convierte en un escenario poco común en la jurisprudencia colombiana, ya que usualmente las decisiones de este tipo aplican hacia el futuro.
¿Qué impuestos se caen?
Entre las medidas que quedaron sin efecto se encuentran:
- Aumento del IVA del 5% al 19% para licores, vinos y aperitivos.
- Nuevos impuestos a cigarrillos, vapeadores y juegos de azar.
- Impuesto al patrimonio para personas con más de $2.094 millones.
- Sobretasas a sectores como el financiero y extractivo.
Estas medidas formaban parte de una estrategia fiscal para aumentar ingresos sin pasar por el Congreso, lo que finalmente fue considerado inconstitucional por la Corte.
Impacto económico y político
El fallo representa un fuerte golpe para el Gobierno, no solo por la devolución de recursos, sino por el precedente que establece frente al uso de poderes extraordinarios.
Según análisis económicos, la decisión complica aún más el panorama fiscal del país, que ya enfrenta un déficit elevado y dificultades para aprobar reformas tributarias en el Congreso.
En el plano político, la decisión también evidencia tensiones entre las ramas del poder público, especialmente por el uso de mecanismos excepcionales para resolver problemas estructurales de la economía.
¿Cómo será la devolución?
La Corte estableció tres escenarios clave:
- Impuestos directos: deberán ser devueltos a quienes los pagaron anticipadamente.
- Impuestos indirectos (como el IVA): deberán devolverse a quienes demuestren haber asumido el costo.
- Beneficios tributarios otorgados: se mantendrán vigentes y no deberán ser reversados.
Sin embargo, expertos advierten que en la práctica será complejo para los ciudadanos recuperar montos pequeños, especialmente en el caso de impuestos al consumo.
Un precedente clave para el Estado colombiano
La decisión de la Corte no solo tiene efectos económicos inmediatos, sino que también redefine los límites del uso de la emergencia económica en Colombia.
El tribunal dejó claro que los problemas estructurales, como el déficit fiscal, deben resolverse por vías ordinarias —como el Congreso— y no mediante poderes excepcionales.
Este fallo, además, deja pendiente la revisión de otras medidas adoptadas bajo el mismo estado de excepción, lo que podría traer nuevas decisiones con impacto fiscal y político en los próximos meses.
